Informe Sabine Otros pueblos

Informe preparatorio para la “Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas”

INFORME PREPARATORIO PARA LA MISION INTERNACIONAL DE VERIFICACION DE LA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN PUBLOS INDIGENAS EN COLOMBIA LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA VIOLENCIA EN PUEBLOS INDÍGENAS EN CUATRO REGIONES EN COLOMBIA: EL PUTUMAYO – CALDAS/RIOSUCIO – LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – LA GUAJIRA

Sabine Kienzl

Julio 2006

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PRÓLOGO El fin principal de los próximos cuatro informes – en que cada uno representa una región determinada - es el apoyo de la “Misión Internacional de Verificación de la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de los Pueblos Indígenas de Colombia” que va a visitar el país en septiembre del año 2006. Esta misión va a estar conformada por representantes de varias entidades internacionales, con el objetivo de hacer visible y difundir la verdad sobre la continua violencia en pueblos indígenas en Colombia, causada principalmente por el conflicto social y armado que vive este país desde hace más de 50 años. De esta visita se espera, sobre todo y entre otras cosas, el inicio de acciones que deben poner fin a los crímenes de lesa humanidad contra miembros de los Pueblos Indígenas – un trabajo muy importante y especialmente urgente, para que los actores involucrados en este conflicto no acaben con los pueblos indígenas, porque ello implicaría la extinción de las riquezas culturales junto con las sabidurías ancestrales de los médicos y autoridades indígenas que forman parte de cada uno de estos pueblos. Este informe debe servir, entre otras, como una fuente de información básica y muy actualizada para los miembros de la misión internacional, de modo que de antemano puedan orientarse e identificarse con la problemática con la cual se enfrentarán en Colombia. El informe se basa en 90 testimonios individuales y 9 testimonios en grupo con personas indígenas afectadas por la violencia causada principalmente por el conflicto social y armado en Colombia. Estas entrevistas fueron tomadas por la misma autora durante los meses de Mayo y Junio en los departamentos del Putumayo, Caldas, La Guajira, el Cesar y la región de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Adicionalmente, se tomaron en cuenta varios informes de organizaciones locales e instituciones nacionales que proveen información actualizada sobre el tema de violencia en contra de los pueblos indígenas colombianos. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que me apoyaron en este proceso y en especial a las personas indígenas que estuvieron dispuestas a dar sus testimonios, contándome que fue lo que les había pasado y cómo han vivido, o en su mayoría siguen viviendo, esta violencia tan tremenda y tan fuerte que ha azotado sus pueblos. Aprecio este espíritu sobre todo en un ambiente como el de Colombia, donde la violencia no se ha acabado todavía y donde la gente aún corre peligro de ser castigada por hablar. Es justamente ésta la razón por la cual los nombres de las personas involucradas en este proyecto no son mencionados en el informe. Quisiera también dar un agradecimiento muy grande a la “ONIC-Organización Nacional Indígena de Colombia” y a las organizaciones locales indígenas en las regiones como la Asone'hwesx, el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), la Organización Wiwa Yugumaiun Bubkuanarrua Tayrona (OWYBT) y el Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento. Ellos me dieron un fuerte apoyo en la recolección de los testimonios y me acompañaron muchas veces personalmente a las viviendas de las victimas, estando más

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de una vez preocupados por mí y su propia seguridad, ya que Colombia en este momento no es un terreno seguro y confiable para ejecutar un trabajo de este tipo – ya sea para extranjeros o colombianos. El trabajo de campo que ejecuté para poder realizar este informe es un trabajo de alto riesgo, ya que Colombia en este momento se encuentra en una situación bastante peculiar para establecer una “Comisión de Verificación de la Verdad”, puesto que el conflicto en el país no se ha acabado todavía; razón por la cual mucha gente aún tiene miedo de contar su historia, su experiencia y decir quién exactamente está involucrado en la ejecución de los crímenes. La gente tiene miedo porque teme las posibles consecuencias de dar testimonios –que pueden significar una “simple” amenaza o inclusive la muerte de la misma persona. Es por la colaboración de la gente en este proyecto - que no es un proyecto entre muchos, sino un trabajo de alta importancia - que arriesgaron sus vidas porque confiaron en mí cuando hice las visitas de campo, ya que tienen esperanzas en la visita de la misión internacional que va a visitar Colombia, y porque también confían en que ella va a tener el poder de devolverles sus vidas, su dignidad y su tranquilidad – es por esto que yo espero que tanto este informe como la visita anunciada vayan a tener el alcance esperado. Sabine Kienzl, Colombia, Junio 2006

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INDICE Informe Actual sobre la Situación de Violencia en las Comunidades Wayúu, La Guajira/Colombia………………………………………………………………………..6 1.) PANORAMA GENERAL............................................................................................. 7 1.1.) Concepto Cultural................................................................................................... 7 1.2.)Desarrollo del Conflicto Social y Armado y el Ocultamiento del Concepto Cultural Wayúu............................................................................................................... 9 1.2.1.) El Desarrollo de Actividades Económicas al Margen de la Ley ..................... 9 1.2.2.) La Posesión y el Uso de Armas ..................................................................... 10 1.2.3.) La Forma de Vida Poliresidencial ................................................................. 10 1.2.4.) Aclaración...................................................................................................... 11 1.3.) Antecedentes Recientes y Situación Actual ......................................................... 11 2.) CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO.............................. 13 2.1.) Violaciones Masivas de Derechos Humanos........................................................ 13 2.2.) Pérdida de Tradiciones Culturales........................................................................ 13 2.3.)El Desplazamiento Forzado como una Consecuencia Principal del Conflicto Social y Armado ........................................................................................................... 13 3.) CONCLUSION Y RECOMENDACIONES............................................................... 17 Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los Pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta/Colombia……………………………………………..19 1.) PANORAMA GENERAL........................................................................................... 21 1.1.) Contexto................................................................................................................ 21 a) Creencia Ancestral ................................................................................................ 21 b) Recursos Naturales y Biodiversidad..................................................................... 22 c) Evolución del Conflicto en los territorios Wiwa y Kogui .................................... 22 1.2.) Antecedentes......................................................................................................... 23 a) Masacre de El Limón ............................................................................................ 24 b) Masacre de Potrerito............................................................................................. 24 c) Masacre de Marokazo........................................................................................... 25 d) Masacre de La Laguna.......................................................................................... 25 e) Masacre de Las Mercedes..................................................................................... 25 f) La Violencia de los años 2004 - 2006 ................................................................... 26 1.3.) El caso especial del pueblo Kogui ........................................................................ 27 2.) CONSECUENCIAS DEL CONFICTO SOCIAL Y ARMADO ................................ 28 2.1.) Desplazamiento .................................................................................................... 28 2.2.) Violación de los Sitios Sagrados .......................................................................... 30 2.3.) Robo y Expropiación de Alimentos...................................................................... 31 2.4.) Obstaculización de la Prestación de Servicios de Salud....................................... 31 2.5.) Reclutamiento de Jóvenes .................................................................................... 31 3.) CONCLUSION Y RECOMENDACIONES............................................................... 32

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Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los Pueblos Indígenas del Departamento de Putumayo/Colombia y en especial de la Población Indígena Desplazada en Mocoa……………………………………………………………………………………..33 1.) PANORAMA GENERAL……………………… …………………………………...35 1.1.) Datos Demográficos……………………………………………………………..35 1.2.) Evolución Histórica del Conflicto en el Putumayo……… …………………….35 2.) EL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO UNA DE LAS CONSECUENCIAS PRINCIPALES DEL CONFLICTO ARMADO Y SOCIAL........................................... 37 2.1.) Introducción y Situación de Desplazamiento en Mocoa ...................................... 37 2.2.) Antecedentes......................................................................................................... 39 2.3.) Consecuencias del desplazamiento....................................................................... 40 3.) CONCLUSION Y RECOMENDACIONES............................................................... 41 3.1.) La inefectividad de la “Proyectitis”...................................................................... 41 3.2.) Fortalecimiento de la Cultura Indígena ................................................................ 41 3.3.) Mejorar la Situación de las Personas Desplazadas especialmente en Mocoa ...... 42 3.4.) Erradicación Manual............................................................................................. 42 3.5.) Protección Especial a los Líderes Indígenas......................................................... 42 Informe Actual sobre la Situación de Violencia en las Comunidades Embera Chamí, Riosucio/Caldas…………………………………………………………………………42 1.) PANORAMA GENERAL........................................................................................... 44 2.) PROBLEMAS ESPECÍFICOS.................................................................................... 45 2.1.) Violación a los Derechos Fundamentales............................................................. 45 2.2.) Violación a la Autonomía Territorial ................................................................... 46 2.3.) Violación al Fortalecimiento del Proyecto Político.............................................. 46 3.) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES............................................................... 47 Observaciones Finales……………………………………………………….…………48

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Informe Actual sobre la Situación de Violencia en las Comunidades Wayúu, La Guajira/Colombia

Este informe se basa en diez testimonios tomados por la autora, en el mes de junio de 2006, tanto como en los siguientes materiales secundarios: -

Juan Carlos Gamboa, Análisis Estructural Sierra Nevada de Santa Marta. Versión muy Preliminar, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006).

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Karmen, Ramirez Boscán, “Reflexiones sobre la violencia paramilitar, el conflicto armado y el pueblo Wayúu de la Media Guajira, (Maicao/La Guajira, Colombia: 1 de Noviembre de 2005).

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“Acerca de la problemática del desplazamiento interno – consideraciones de organizaciones del pueblo Wayúu”, Reflexiones conjuntas presentadas en Valledupar (Cesar), el domingo 25 de junio de 2006, por el Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento de Maicao (La Guajira;), el Cabildo Wayúu de Wepiapaa de Mingueo, Dibulla (La Guajira) y por la comunidad Wayúu que se encuentra en situación de desplazamiento en Santa Marta (Magdalena) en reunión sostenida con el señor Walter Kälin, Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos.

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Darío Mejía Villegas, “Informe de Riesgo No. 17-06 de Inminencia para la subregión de la Alta Guajira, en especial para las poblaciones de Poropo, Peruana, La Esperanza, Tres Bocas, Pusheo, La Loma, Kariwac, Jatete, Jepsut, Karimaya, Arigunakimana y el sector aledaño a Bahía Portete del municipio de Urumita, Departamento de la Guajira, destinado a Fernando López Suarez, Defensor del Pueblo Seccional Guajira”, (Bogota, Colombia: 28 de Abril de 2006).

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Fundación Hemera, Etnias de Colombia

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“Una lágrima se asoma en sus ojos, el dolor es más fuerte que su rabia, su fragilidad femenina comienza a imprimirse en sus palabras: “Los grupos armados al margen de la ley le han hecho mucho daño a mi familia, a mi etnia Wayúu, han violado tierras, nos han pisado y eso entre nosotros nunca se había visto, y son crímenes de lesa humanidad los que ellos han cometido y el Gobierno no hace nada” (una señora Wayúu)

1.) PANORAMA GENERAL La historia del pueblo Wayúu con respecto al conflicto armado interno que existe en la República de Colombia desde hace más de 50 años, es una historia llena de equivocaciones e interpretaciones equivocadas. Las características culturales de la etnia Wayúu han causado que las consecuencias del conflicto armado y social, con todas las implicaciones que conllevan, nunca se hayan visibilizado al nivel nacional o internacional. Violaciones masivas de derechos humanos, muertes, desplazamientos y todo lo demás que encaja en esta categoría de crímenes de lesa humanidad, se han escondido detrás de conflictos y guerras inter-claniles y estilos tradicionales de vida poliresidencial. Las violaciones que este pueblo ha sufrido por falta de conciencia acerca del conflicto nacional en sus comunidades y por falta de la prevención de la misma por parte del gobierno, han hecho, que el número de habitantes de esta etnia se esté disminuyendo cada vez más. En este momento, el pueblo Wayúu se encuentra en una situación muy vulnerable, que puede seguir empeorándose, y en el peor caso, va a significar profundas y no deseadas transformaciones de la cultura Wayúu, si las entidades responsables para manejar esta situación tan complicada no empiezan a actuar de manera rápida. Para entender la situación actual del pueblo Wayúu con respecto al conflicto social y armado, es fundamental comprender la base de su concepción cultural, su cosmovisión, sus antecedentes y cómo esto ha causado graves confusiones y equivocaciones con vistas a entender los impactos del conflicto colombiano. Hasta el momento actual, este pueblo todavía esta sufriendo las consecuencias de esta confusión – un hecho que tiene que ser visibilizado, para que los grupos armados legales e ilegales no pongan en riesgo la etnia entera. El objetivo de este informe es justamente esto: hacer visible y mostrar la verdad sobre lo que está pasando en las castas Wayúu en este momento. 1.1.) Concepto Cultural Ubicación: El pueblo Wayúu reside en el área de la península de La Guajira en el norte de Colombia y noroeste de Venezuela, sobre el mar Caribe. El clima es cálido, seco e inhóspito (de desierto) y presenta estaciones climáticas marcadas por una primera temporada de lluvia, llamada Juyapu, que se desarrolla durante los meses de septiembre a diciembre y continúa con la época seca, conocida como Jemial, que va desde diciembre

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hasta abril. Posteriormente, sigue otra vez una época de lluvia, llamada Iwa, que termina con el inicio de un largo periodo seco que va desde mayo a septiembre.1 Población: Según los censos realizados, el pueblo Wayúu es el más numeroso en Colombia (y Venezuela) y está constituido por 144.003 personas que representan el 20.5% de la población indígena de Colombia y constituyen el 48 % de la población de la península de la Guajira. Los Wayúu ocupan un área de 1’080.336 has., localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira.2 Adicionalmente se encuentran más resguardos en el sur de La Guajira y en la media Guajira. Poli-residencia: Los Wayúu no se distribuyen de manera uniforme en su territorio tradicional y la distribución demográfica depende de los cambios estacionales. Esto significa que durante la temporada seca, muchos Wayúu buscan trabajo en las ciudades o pueblos, pero cuando llega la lluvia, un gran número de ellos retorna a sus “Rancherías” tradicionales, que están conformadas por cinco o seis “Ranchos” (casas tradicionales de los Wayúu). Cada “Rancho” consiste en varias casitas pequeñas, como las “piichi” donde cuelgan las hamacas para dormir en la noche o la “luma”, que consiste en un techo plano sobre seis postes, que les sirve para desarrollar las actividades del día. Los Wayúu no se agrupan en pueblos y las Rancherías se encuentran distribuidas en toda la zona, una lejos de la otra. A causa de sus “desplazamientos culturales” que van conforme con los ciclos estacionales de la naturaleza, la vida tradicional de los Wayúu muchas veces ha sido confundida con la vida de tribus nomádicas, que se desplazan de un cierto lugar, pero después ya no retornan. Los Wayúu, al contrario, son poli-residenciales, lo que significa que habitan de manera no permanente diversos lugares de Colombia y Venezuela. Su descripción errada como nómadas o seminómadas por parte de ciertos investigadores ha servido para justificar la expropiación de partes de su territorio que supuestamente ya no utilizan. 3 Organización sociopolítica: La organización sociopolítica de los Wayúu se caracteriza por el clan matrilineal, endogámico, en donde los parientes se identifican por la línea materna. Cada clan está asociado a un animal totémico que surge del origen mitológico de cada familia. Entre sus principales clanes se encuentran por ejemplo los Epinayú, los Epieyú o los Uriana. Algunos clanes son considerados pobres, otros, políticamente influyentes. Economía: Como los Wayúu habitan en las tierras de La Guajira menos aptas para el cultivo y las fuentes de subsistencia no son suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias, han desarrollado una economía mixta, basada en la cría y pastoreo de ganado, combinada con una horticultura especializada de maíz, fríjol, yuca, ahuyama, pepinos, melones y patilla (sandía), además de actividades como la pesca, la caza, la explotación de sal marina y el contrabando, que ejercen en la frontera con Venezuela, 1

Fundación Hemera, Etnias de Colombia, www.etniasdecolombia.org Fundación Hemera, Etnias de Colombia, www.etniasdecolombia.org 3 Juan Carlos Gamboa, Análisis Estructural Sierra Nevada de Santa Marta. Versión Muy Preliminar, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006). 2

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surgido históricamente del comercio de productos básicos de los clanes familiares que están ubicados tanto en Colombia, como en Venezuela. Sistema Judicial: Según el derecho interno de los Wayúu, “Suküaipa Wayúu” muy rara vez se acude a la justicia estatal para resolver los conflictos que se presentan en su interior. De acuerdo a este derecho, la gravedad de los delitos depende del número de familias que están involucradas en el problema. Según este entendimiento, la mayoría de los delitos – y los de sangre son los más graves - involucran tanto a la familia del agresor como a la familia del agredido. La resolución de estos delitos se efectúa con un pago en dinero o en especie. En el caso que no sea pagado, se inicia una guerra fuerte entra las familias involucradas. Una persona muy importante en este respecto es el “putchipüu”, (palabrero de paz), que es la autoridad tradicional para mediar y conciliar conflictos. 4 El Wayúu tradicionalmente es un pueblo de guerreros y muchos de sus conflictos internos han sido resueltos a través del uso de armas. Sin embargo, a pesar de lo sangrientas que han sido estas guerras, los Wayúu siempre han manejado un estricto código de honor y una ética de guerra que no acepta ni la muerte de mujeres y niños, ni la profanación de los cementerios. Con la penetración de los grupos armados legales e ilegales, las guerras fueron cooptadas y pervertidas por estos grupos, que las manipularon y las usaron en su estrategia de expansión militar. 5 Con respecto a lo anterior, los tres puntos más importantes que surgen de sus características culturales y que han dificultado hacer visible el conflicto en su territorio son: (a) el desarrollo de actividades económicas ilegales, (b) la posesión y el uso de armas y (c) la forma de vida poli-residencial. Los siguientes párrafos intentan iluminar la forma en que el conflicto social y armado que vive Colombia, fue evolucionando y se escondió detrás de estos tres puntos en el pueblo Wayúu. 1.2.) Desarrollo del Conflicto Armado Interno y su Ocultamiento del Concepto Cultural Wayúu 1.2.1.) El Desarrollo de Actividades Económicas al Margen de la Ley Como fue mencionado anteriormente, los Wayúu basan su actividad económica en la pesca, la cría y el pastoreo de ganadería de cabras, la explotación de sal marina y en el activo comercio tanto de productos básicos de la canasta familiar, como de gasolina entre Colombia y Venezuela. De éste último punto surge, por causa de la dinámica histórica de la región, el contrabando entre Colombia y Venezuela, a lo cual algunos miembros de la etnia Wayúu se dedicaban y todavía se dedican. Estas condiciones naturales que ofrecen ventajas para el tráfico de mercancías, vehículos y personas, tomando en cuenta la escasa presencia de la Ley, han sido un factor fundamental para que los grupos armados ilegales hayan hecho presencia en la región buscando canalizar estas ventajas para sus respectivos 4 5

Ibíd. Ibíd.

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negocios a través de la vía armada y la utilización de métodos violentos. En consecuencia, la población Wayúu, en su condición de grupo mayoritario y socialmente vulnerable, ha venido sufriendo desde hace varios años las constantes amenazas de los grupos armados ilegales. Los testimonios tomados confirman, que en el principio de los años 90 la violencia fue ejercida sobre todo por parte de los narcotraficantes y en la segunda mitad de los años 90 por parte del Ejército Nacional. A partir del año 2001, las amenazas contra el pueblo Wayúu vinieron especialmente y en mayor medida, de los grupos paramilitares y de la misma Fuerza Pública que se han instalado en el terreno. 1.2.2.) La Posesión y el Uso de Armas El pueblo Wayúu, ante la imposición de una serie de medidas por parte de los paramilitares, que operan en su territorio a partir del año 2001, han venido desarrollando acciones de resistencia, como no brindarles ningún tipo de apoyo en el suministro de información que les facilite su operación logística y la movilidad en la Alta Guajira. La reacción de los paramilitares ha sido violenta, y ha hecho que ciertas familias Wayúu hayan recurrido a las armas, generando enfrentamientos violentos. Esta circunstancia, ha venido propiciando la organización de miembros armados de la etnia Wayúu para defenderse de la agresión de los grupos paramilitares, lo cual evidencia el grado de amenaza en el que se encuentra este grupo étnico. Cuando el pueblo Wayúu intentó llamar la atención del Gobierno y demostrar lo que estaba pasando con su gente, las instituciones gubernamentales lo descartaron simplemente como un conflicto interclanil e intraétnico, cosa que en esta instancia ya no era cierta. De hecho, muchos actores legalmente e ilegalmente armados se aprovecharon de los conflictos interclaniles para ejecutar sus guerras sucias. 1.2.3.) La Forma de Vida Poli-residencial Como fue mencionado al principio, una característica del pueblo Wayúu es el desplazamiento voluntario de su gente dentro de su territorio, dependiendo de la temporada estacional. En la temporada seca, se desplazan a las ciudades, porque la vida en las “Rancherias” durante este tiempo es simplemente imposible, por falta de agua. En la temporada de la lluvia, los Wayúu vuelven a sus casas. Otro tipo de desplazamiento de carácter menos voluntario surgió por causa de los conflictos interclaniles. Un tercer tipo de desplazamiento de carácter forzado, que muchas veces no se percibe, pero que de hecho está causando grandes migraciones involuntarias dentro del pueblo Wayúu es el desplazamiento por causa del conflicto armado interno que está viviendo Colombia. Este desplazamiento ocurre de un lado, por enfrentamientos armados entre miembros de las castas Wayúu, por la resistencia de estos indígenas a grupos legalmente e ilegalmente armados, que afectan su integridad y vida civil. De otro lado, se han presentado masacres y/o asesinatos selectivos en contra de los pobladores de la zona que

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no obedecen y acatan sus múltiples imposiciones. Estos hechos obligan a familias enteras de esta etnia indígena a desplazarse. 1.2.4.) Aclaración Lo que además dificulta la visualización de la violencia tan tremenda, a causa del conflicto social y armado, que vive este pueblo es el hecho que: (a) Algunos miembros de los clanes Wayúu, sí se han involucrado con varios grupos armados, (b) algunos miembros de los clanes Wayúu sí se han desplazado a causa de conflictos interclaniles, (c) algunos miembros de los clanes Wayúu sí están involucrados en el contrabando de manera excesiva – cosa que les ha ganado la reputación como un pueblo que maneja de forma exagerada los negocios ilegales. Pero lo que también es muy cierto, y que nunca se visibiliza, es que: a) la mayoría de los miembros Wayúu no se ha involucrado con los grupos armados – todo lo contrario, muchos de ellos han sido victimas de una guerra que no es de ellos, con la cual no tienen nada que ver. A manera de ejemplo: Si voluntariamente un Wayúu, visto individualmente, se vincula a un grupo armado legal o ilegal y ese grupo armado eventualmente realiza acciones donde muere algún Wayúu o se ofende la dignidad de los Wayúu, los familiares de la víctima o los que se han sentido ofendidos no van a diferenciar que en esa acción participó un solo Wayúu individualmente, sino que involucran a toda su familia materna en el problema. Entonces, es probable que individualmente sean pocos los Wayúu involucrados con los grupos armados, pero estos terminan involucrando con sus acciones a toda su familia materna. En otras palabras, si en un grupo armado, sobre todo ilegal, hay un Wayúu, los demás Wayúu de las otras familias van a pensar que no sólo es él el responsable, sino toda su familia. b) la mayoría de los miembros Wayúu se ha tenido que desplazar forzosamente por causa de acciones de los grupos armados legales e ilegales relacionados al conflicto armado interno– una cosa que no tiene que ver nada con el desplazamiento voluntario a causa de su forma de vida poli-residencial o a causa de conflictos tradicionales, interclaniles. c) la mayoría de los miembros Wayúu que viven en la Media y Alta Guajira históricamente han derivado su sustento del ejercicio del contrabando. En ese contexto La Guajira ha sido por excelencia un territorio propicio para la ilegalidad y, consecuentemente, ha configurado una cultura de la ilegalidad muy arraigada que puede ser mal vista en otros lugares pero que en La Guajira es asumida como una actividad de prestigio. El problema estriba no tanto en el contrabando sino en el tráfico de estupefacientes y drogas. Realmente son muy pocos los Wayúu que tienen un papel importante en el negocio de las drogas. 1.3.) Antecedentes Recientes y Situación Actual El 18 de abril del 2004, los paramilitares entraron a la zona de Bahía Portete y sus alrededores violentamente, ocasionando maltratos, desapariciones y homicidios de mujeres, niños, jóvenes y ancianos de la etnia Wayúu. Estos hechos generaron un

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desplazamiento masivo hacia otras partes del departamento de La Guajira y hacia Venezuela con el objetivo de salvar sus vidas. En este momento, Bahía Portete está habitada por cuatro familias. En julio de 2005, el gobierno departamental organizó el retorno de la población desplazada, pero por falta de seguridad, que se demuestra en el constate acoso y la presión de los paramilitares contra la población, este retorno no se ha podido concretizar. Con la excepción de la masacre en Bahía Portete en abril de 2004 y de algunos desplazamientos individuales de familias Wayúu a cascos urbanos, la violencia ejercida por los paramilitares en La Guajira ha sido selectiva, focalizada y adelantada a través de acciones sutiles y de baja intensidad. Esta facilidad de los paramilitares de realizar sus acciones violentas de una manera muy hábil ha originado, que muchas de las violaciones de Derechos Humanos no se hayan visibilizado. Una cosa que contribuye adicionalmente a la invisibilidad de los crímenes cometidos es un temor impresionante de parte de los Wayúu de denunciar los hechos violentos.6 En los meses de mayo y junio de 2006 fueron asesinadas dos personas por actores desconocidos después de haber denunciado ciertas muertes ante instituciones gubernamentales. Este temor de denunciar surge por la falta de confianza en la Fuerza Pública y en las instituciones gubernamentales, que según los testimonios recibidos, cooperan con las Autodefensas, de las cuales, según el Director del Sistema de Alertas Tempranas, del 28 de Abril del 2006, 70 hombres del Frente Contrainsurgencia Wayúu no se han desmovilizado dentro del proceso de negociación de las AUC con el Gobierno Nacional. En este informe, el Defensor del Pueblo menciona que: “Este grupo armado ha proferido amenazas contra la población con el fin de intimidarla y evitar que los pobladores denuncien ante las autoridades su accionar en el territorio y el control que vienen ejerciendo sobre las actividades de contrabando, tráfico de estupefacientes, armas, combustibles y sobre la actividad comercial ilícita que se realiza en la región; así mismo, este grupo armado pretende mantener el control de los puertos y de los corredores naturales que facilitan la comunicación desde la península de La Guajira hasta los territorios de la República Bolivariana de Venezuela.” Este grupo quiere seguir manteniendo el control no sólo de las actividades comerciales ilícitas y licitas que se realizan en La Guajira, sino también sobre la población civil, en particular sobre las castas Wayúu, para que acaten sus orientaciones a fin de no realizar acciones de violencia en su contra. 7 Por ejemplo, en abril de 2006, los paramilitares incursionaron en una vivienda de Poropo, donde torturaron y asesinaron a un señor de la casta Uriana, porque no les quería dar la

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Karmen, Ramírez Boscán, “Reflexiones sobre la violencia paramilitar, el conflicto armado y el pueblo Wayúu de la Media Guajira, (Maicao/La Guajira, Colombia: 1 de Noviembre de 2005). 7 Darío, Mejía Villegas, “Informe de Riesgo No. 17-06 de Inminencia para la subregión de la Alta Guajira, en especial para las poblaciones de Poropo, Peruana, La Esperanza, Tres Bocas, Pusheo, La Loma, Kariwac, Jatete, Jepsut, Karimaya, Arigunakimana y el sector aledaño a Bahía Portete del municipio de Uribia, Departamento de La Guajira, destinado a Fernando López Suarez, Defensor del Pueblo Seccional Guajira”, (Bogota, Colombia: 28 de Abril de 2006).

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información en donde se encuentra el resto de la familia. Este hecho resultó en el desplazamiento de 50 personas de esta familia. En este sentido, se ve muy probable el desplazamiento forzado de más familias Wayúu y enfrentamientos armados entre miembros de las castas Wayúu, que intentan a resistir sus imposiciones. Además es muy probable que se profundice la continua presencia de muertes ejemplarizantes, representadas en masacres y/o asesinatos selectivos contra familias y personas individuales. 2.) CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 2.1.) Violaciones Masivas de Derechos Humanos - Masacres - Desapariciones - Homicidios Selectivos y de Configuración Múltiple - Enfrentamientos Armados con Interposición de la Población Civil - Destrucción de Bienes Civiles - La Afectación de Bienes Indispensables para la Supervivencia - Desplazamientos Forzados 2.2.) Pérdida de Tradiciones Culturales A causa del conflicto y del desplazamiento forzado, la vida tradicional de los Wayúu, ya no es posible como lo era antes. Por un lado, las familias Wayúu están totalmente restringidas en su libertad de movimiento y su forma de vida “poli-residencial” es prácticamente imposible. Una mujer Wayúu mencionó en su testimonio, que “después de las 5 de la tarde uno ya no sale de la casa. Yo me duermo de las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana, porque estoy demasiado intranquila en la noche. En la noche me quedo despierta y me paso el tiempo tejiendo.” Los hijos crecen de una manera muy diferente y muchas veces no conocen ni la vida en las “Rancherías” ni el idioma tradicional indígena. 2.3.) El Desplazamiento Forzado como una Consecuencia Principal del Conflicto Armado Interno8 La poli-residencia de los grupos Wayúu - que se manifiesta en una gran movilidad geográfica determinada por el ciclo de estaciones - y la organización social basada en la configuración de castas autónomas, descentralizadas y dispersas, hacen muy difícil establecer diferencias entre la itinerancia realizada por grupos familiares Wayúu que responden más a razones identitarias, de aquellos desplazamientos forzados relacionados con las dinámicas del conflicto social y armado que se escenifica en el territorio.

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Esta sección se basa en gran parte en el informe sobre el desplazamiento en los pueblos Wayúu, preparado para la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos, Valledupar en Junio del 2006.

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Estas especificidades han hecho que las expresiones y formas del desplazamiento, terminen siendo imperceptibles; un hecho que sin duda ha contribuido a su invisibilidad y negación por parte de sectores gubernamentales y estatales. Frente a recientes desplazamientos que involucraron a familias Wayúu, el gobierno, en todos sus niveles, pretendió bajo diversos artilugios, negar la condición de desplazamiento a las familias y personas Wayúu que huyeron de la violencia tanto del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta, caso Wepiapaa en el municipio de Dibulla, como de la Media y Alta Guajira, como es el caso de los desplazamientos hacia el distrito de Santa Marta. Parte de la población afectada por la violencia en Colombia se desplaza también hacia Venezuela, donde a pesar de que poseen la doble nacionalidad -colombiana/venezolana- muchas veces se les niega el estatus de refugiados. Sin embargo, según informes de organizaciones de derechos humanos de Venezuela9, unos 300 Wayúu que cruzaron la frontera en mayo de 2004 después de la masacre de Bahía Portete, sí fueron atendidos en sus necesidades básicas por las dependencias oficiales responsables, y sus solicitudes de refugio tramitadas. Empero, las presiones del gobierno colombiano demandando que retornaran puesto que en apariencia se les garantizaría las condiciones de seguridad en La Guajira hicieron que tras el retorno, se registrara un nuevo asesinato de una de las mujeres que era autoridad tradicional. El hecho que los fenómenos del desplazamiento interno parecen invisibles, o difícilmente observadas, no significa que sean irrelevantes o inexistentes. De hecho, este es uno de los mayores problemas – el no querer a reconocer el desplazamiento del pueblo Wayúu. De esta problemática surge la pregunta de ¿cómo se van a encontrar soluciones a un problema del que se niega su existencia? Los desplazamientos que se han presentado en el pueblo Wayúu eran generalmente desplazamientos que se han presentado “gota a gota”, de manera que primero van llegando unas familias y con el paso de los meses van llegando otras emparentadas, hasta conformar núcleos de familias desplazadas que se concentran alrededor de un mismo lugar. La inmensa mayoría de estos desplazamientos, tanto masivos como individuales, no han sido reportados y la población involucrada no aparece en ningún registro. Ya sea por desconfianza, por temor, por ignorancia o por pragmatismo, el hecho es que son muchas las familias Wayúu que se desplazan quedándose por fuera de las estadísticas y de los registros. Según el informe, preparado por diferentes organizaciones Wayúu para la visita del Relator Especial de Naciones Unidos para los Refugiados y Desplazados Internos, en junio del 2006, actualmente en la comunidad de Wepiapaa, localizada en Mingueo, municipio de Dibulla, se encuentran treinta y seis (36) familias Wayúu en situación de desplazamiento. Estas familias llegaron en tres oleadas sucesivas entre octubre y noviembre de 2006 procedentes de un asentamiento, hoy desaparecido, que se ubicaba en 9

Programa Venezolano de Derechos Humanos, PROVEA: en http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_2004/20asiloYrefugio.pdf

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el Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta. De otro lado, en diferentes barrios marginales del distrito de Santa Marta - Timayuy, Cristo Rey, La Paz, La Parrilla…- se han reportado cuarenta y cinco (45) familias Wayúu que, provenientes de diversos lugares de la Media y Alta Guajira, llegaron hasta allí en cuatro oleadas diferentes. Por su parte, la comunidad Nóüna de Campamento, localizada en zona rural de Maicao, ha visto reducir el número de sus familias por cuanto varias de ellas, de manera sucesiva, emprendieron un éxodo, ya sea hacia Venezuela o hacia diversas ciudades del interior del país, huyéndole a la violencia. Estas familias Wayúu que se desplazaron de esta comunidad no se registraron en ninguna parte como desplazadas. Según las organizaciones indígenas Wayúu, los principales problemas con respecto al manejo del desplazamiento Wayúu por parte de organismos gubernamentales son los siguientes: •

La frecuente negación del estado de desplazamiento en el cual muchas familias Wayúu se encuentran, a veces manifestando que no eran desplazadas sino que eran oportunistas interesadas en acceder a los beneficios que el gobierno tiene para la población desplazada.

•

La poca voluntad política de las entidades gubernamentales que se traduce muchas veces y sobre todo en el caso de Wepiapaa, en la generación de una atmósfera enrarecida en la relación entre instituciones públicas y autoridades indígenas que configura una animadversión contra la comunidad.

•

El “afán destructivo” de parte de las entidades gubernamentales para adelantar los procedimientos para recibir las declaraciones de la población desplazada, que puso en evidencia, para el caso de Wepiapaa particularmente, varias inconsistencias, como la de recibir declaraciones de Wayúu con un pobre conocimiento del castellano y prácticamente monolingües de wayunaiki, sin la intervención de un intérprete o traductor y sin la presencia de las autoridades de la comunidad. Esto se tradujo en que las declaraciones consignadas no se apegaron a la realidad de lo que los declarantes expresaron.

•

Problemas con las entregas de la ayuda humanitaria: la ayuda era insuficiente, los alimentos no se correspondían a la dieta alimenticia tradicional de los Wayúu, las entregas se hacían por familia sin atender al número de personas que las componían, las entregas fueron incompletas y a destiempo y se entregaron en demasía productos que no se necesitaban.

Si las entidades gubernamentales, en todos sus niveles, no han podido o tal vez no han querido ver las dinámicas del desplazamiento interno y el refugio hacia Venezuela, que afectan al pueblo Wayúu desde hace algo más de dos años, se debe principalmente a que tampoco han querido reconocer, en su entera dimensión, la existencia de estructuras paramilitares que ejercen dominio y control en importantes áreas de la Media y Alta

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Guajira. Como quiera que los fenómenos del desplazamiento interno y del refugio, para el caso de la Media y Alta Guajira, pero también para el caso del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta, aparecen asociados intrínsecamente a la presencia y accionar de grupos paramilitares, es lógico pensar que mientras no se desmantelen plenamente estas estructuras paramilitares, seguirán produciéndose desplazamientos internos y hacia Venezuela. Se promocionó ampliamente en los medios masivos de comunicación que las estructuras paramilitares que operaban en el Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta se “desmovilizaron”. Desafortunadamente, la realidad muestra que ello no implicó el fin del paramilitarismo en la región, puesto que bien pronto estos grupos se transformaron y surgieron otros grupos que continúan haciendo presencia y controlando las actividades económicas más importantes del entorno. El paramilitarismo sigue operando activamente en la Media y Alta Guajira, bajo la forma de ejércitos privados y red de sicarios y “gatilleros”. En los testimonios que se tomaron muchas familias Wayúu en situación de desplazamiento que llegaron a Santa Marta procedentes de la Media y Alta Guajira, señalaron que habían sido amenazadas por grupos paramilitares, en fechas posteriores a la “desmovilización” de estas estructuras.

El 14 de agosto, la guerrilla causó en Maicao un incendio de grandes proporciones contra 88 camiones cisterna, que, según informes de prensa [se] “concretó una vieja amenaza del grupo insurgente [Frente 59 de las FARC] contra [la cooperativa indígena] Ayatawacoop, como se llama el centro de almacenamiento creado por los wayúu para comercializar en territorio guajiro [colombiano], la gasolina que les vende Venezuela, y que algunos asocian al poder económico de las AUC (…) El centro de copio y otras 11 cooperativas de los indígenas nacieron tras un convenio de los gobiernos venezolano y colombiano para terminar con el contrabando de combustible”.10 La misma fuente asegura que el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, habría advertido que las FARC ocuparían los territorios controlados por el “Frente Resistencia Wayúu” de las AUC, compuesto por 150 hombres, aunque editorialistas del diario aseguran que éste desea permanecer en la zona para poder ejercer control hacia los hombres bajo su autoridad11.

10

El Tiempo, 15 de agosto de 2006.

11

Hernández-Mora, Salud: Pero volvamos con '40'. Hace varias preguntas que no deberíamos echar en saco roto: ¿Qué es más útil: un jefe paramilitar que aún ejerce liderazgo sobre su tropa controlando la reincorporación de sus hombres a la vida civil desde un centro agrícola en su región, o encerrado en una celda lejana? Si fue su patrón por años, ¿para qué renunciar al liderazgo que aún pueda ejercer sobre una tropa inclinada a volver al monte?

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La búsqueda de soluciones para hacerle frente de manera estructural a los fenómenos del desplazamiento en el pueblo Wayúu pasa necesariamente por el reconocimiento de que los grupos paramilitares siguen controlando extensas áreas de la Media y Alta Guajira y este reconocimiento es imprescindible para que el Gobierno Nacional y el Estado los pueda combatir con firmeza. 3.) CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 1.) La visualización de la violencia como consecuencia del conflicto armado interno en el pueblo Wayúu. Mientras se siga negando que el pueblo Wayúu sea un pueblo que está fuertemente afectado por el conflicto armado y social, va a ser muy difícil encontrar una solución que les devuelva su dignidad como pueblo, su tranquilidad y una forma de vida que les permita dormir tranquilos, sin temor por sus vidas. En este sentido se invita también a las organizaciones indígenas Wayúu como las Waya Wayúu (Manaure), Wayúu Painwashi (Riohacha), Wayúu Araurayú (Uribia) y AACIWASUG (municipios del Sur de La Guajira), para que participen activamente en hacer visible su situación, empezando con un análisis y lectura del problema que se viene presentando de tiempo atrás, para llamar la atención del publico y para hacer conocer la problemática de su mismo pueblo. 2.) La identificación y persecución de las estructuras paramilitares que no se desmovilizaron en el territorio del pueblo Wayúu. Según los testimonios recibidos, los grupos paramilitares, que supuestamente se debían haber desmovilizado en el marco de la negociación del gobierno con grupos paramilitares, no lo han hecho en el territorio del pueblo Wayúu. Estos grupos siguen intimidando, aterrorizando y asesinando a miembros del pueblo Wayúu – muchas veces en cooperación con la misma Fuerza Pública. Por esto es apropiado informar al Ministerio del Interior y de Justicia, al Comando de las Fuerzas Militares, a la Dirección General de la Policía Nacional y al Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 3.) Protección especial al pueblo Wayúu Para proteger a la población civil indígena que se encuentra en el territorio y en situación de desplazamiento (o refugio) por fuera de su territorio tradicional, es importante tomar las medidas necesarias para que sus vidas no sigan siendo fuertemente amenazadas por parte de grupos armados legales e ilegales. 4.) Con respecto al Desplazamiento, las mismas Organizaciones Indígenas Wayúu recomiendan los siguientes pasos12:

12

“Acerca de la problemática del desplazamiento interno – consideraciones de organizaciones del pueblo Wayúu”, Reflexiones conjuntas presentadas en Valledupar (Cesar), el domingo 25 de junio de 2006, por el Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento, Maicao (La Guajira;), el Cabildo Wayúu de Wepiapaa de Mingueo, Dibulla (La Guajira) y por la comunidad Wayúu que se encuentra en situación de desplazamiento en Santa Marta (Magdalena) en reunión sostenida con el señor Walter Kälin, Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos.

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- Reconocer las especificidades y las características del desplazamiento en el pueblo Wayúu, tomando en cuenta que la invisibilidad de la problemática del desplazamiento interno en el pueblo Wayúu se ha convertido en una amenaza para la integridad étnica y cultural de su gente. - Las entidades gubernamentales y estatales concernidas a la problemática del desplazamiento interno y de los refugiados, deben incorporar modificaciones en sus respetivas estructuras organizacionales, a fin de realizar las adecuaciones institucionales que se requieran [para] brindar una atención adecuada y fundada en la interculturalidad, para atender a las demandas de la población desplazada y refugiada perteneciente a los pueblos indígenas y a los grupos étnicos. - La población en situación de desplazamiento perteneciente a los pueblos indígenas y a los grupos étnicos, no debe seguir siendo asumida por las entidades gubernamentales y estatales pertinentes como [mero] objeto de la ayuda humanitaria nacional e internacional que se les brinda, sino que debe ser tratada y considerada como sujeto de derechos, con el propósito de mantener y potenciar su dignidad como personas y como pueblos. La población Wayúu en situación de desplazamiento no es una masa amorfa y abstracta sino que tiene sus autoridades propias que deben ser valoradas y respetadas. - Dado el desconocimiento grande que se tiene sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre los derechos de la población desplazada, se hace urgente diseñar e implementar programas de capacitación dirigidos tanto a las poblaciones concernidas como a los funcionarios públicos municipales y departamentales que más relación tienen con los pueblos indígenas. La realidad ha demostrado que no sólo la población Wayúu desplazada no tiene conocimiento sobre sus derechos, sino que los funcionarios públicos también adolecen de grandes vacíos sobre estos temas. 5.) Formación de un grupo de trabajo Se parte de la conclusión de la visita gubernamental-interinstitucional que se presentó en La Guajira, en la cual participaron ACNUR y la OEA, y la cual se realizó porque el gobierno venezolano ha expresado por vías diplomáticas al gobierno colombiano su preocupación por los Wayúu que han llegado a Venezuela a causa del conflicto armado. El gobierno venezolano quiere saber si hay las condiciones de seguridad para que se organicen los retornos. En esta visita se concluyó la conformación de un grupo de trabajo para que aborde los siguientes temas: •

Caracterización del fenómeno del desplazamiento, interno y a Venezuela, en referencia al pueblo Wayúu.

•

Identificación de los factores de riesgo y amenazas que se ciernen sobre los Wayúu.

•

Abordar lo referente a la protección y autoprotección de los derechos humanos del pueblo Wayúu.

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A partir de este grupo de trabajo, en el cual se espera participen los Wayúu, se formulará un Plan de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Pueblo Wayúu.

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Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los Pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta/Colombia

Este informe se basa en 27 testimonios recibidos por la autora, en el mes de junio de 2006, y toma en cuenta los siguientes materiales secundarios: -

Juan Carlos Gamboa, Análisis Estructural Sierra Nevada de Santa Marta. Versión Muy Preliminar, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006).

-

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Oficina de Educación y Participación, Senunulang – Umunukunu - Sitios Sagrados de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, (Santa Marta, Colombia: Diciembre de 2004).

-

Gobernación del Magdalena, Ministerio del Interior y Justicia, PNUD, Resguardo Arhuaco, Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, (Santa Marta, Colombia: Marzo del 2006).

-

Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona – Resguardo KoguiMalayo-Arhuaco, MSD/USAID, MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO DEL PUEBLO WIWA “PRIMER ACERCAMIENTO” DESDE 2001 A ENERO DEL 2006, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006).

-

Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona – Resguardo KoguiMalayo-Arhuaco, Comunicado de Prensa sobre la actitud del Gobierno frente las Medidas Cautelares en el pueblo Wiwa,Valledupar, Colombia: Diciembre de 2005.

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“De la tierra madre provenimos y somos lo que somos, la que nos fue dada desde el origen del mundo, es la que sustenta nuestra convivencia, nuestra razón de ser como indígenas de la Sierra, en este territorio están las normas que como portadores de una cultura determinada debemos cumplir, es donde están cada uno de los sitios de nuestra historia, es los que compone lo que podremos denominar como territorio propio, como espacio sagrado que alimenta y fortalece y nos da la existencia en el universo.” (sabiduría Wiwa)

1.) PANORAMA GENERAL 1.1.) Contexto a) Creencia Ancestral Según la creencia ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, ella es la tierra, donde está guardado el conocimiento. La “línea negra” traza los límites del corazón del mundo, y contiene los guardianes de aquellos que se encuentran al interior de esta zona.13 Aquellos son los que velan por el saber de la montaña, donde los “Mamos” siguen practicando el conocimiento y el cuidado de tal corazón. Según su creencia, es ésta la práctica de la cual depende la sobrevivencia del conjunto del cuerpo universal. Si los puntos de la parte baja se dañan, esto afecta a los de arriba, a los Mamos, a los humanos, a la naturaleza, a la vida - es un todo. No es simplemente un límite, más bien son las señales culturales que les dicen qué deben hacer para que el manejo ambiental sea acorde con la educación que les hace ser pueblos indígenas. En la consulta al Mamo, los consejeros ven la ley del origen, que es la ley del conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las leyes que mantienen en orden el cosmos. Según la concepción indígena, a los pueblos indígenas de la Sierra les dejaron la ley y la misión de pagar los tributos (“pagamentos”) de todo cuanto existe, los árboles, el agua, la piedra, la lluvia, la atmósfera y la laguna; todos los Mamos recibieron este compromiso. Nosotros, “los hermanos menores” (los no-indígenas), tenemos que entender, que para las autoridades tradicionales y los miembros de los pueblos indígenas, las violaciones que se han cometido contra ellos, van más allá del asesinato de los miembros individuales; es la violación de la naturaleza, la “Madre Tierra”; la cual esta cada día más amenazada por los megaproyectos que “buscan extraerle los órganos internos de la Sierra para comercializarlos” – no es la sola violencia contra un territorio lleno de recursos naturales, sino la destrucción de una tierra que es fundamental para la sobrevivencia de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada; la cual ha sido declarada como reserva del hombre y biosfera por la UNESCO. 13

La Línea Negra define, según la cosmovisión de los pueblos Kággaba, Ika, Wiwa y Kankuamo, los límites de la Sierra Nevada de Santa Marta. El reconocimiento de la demarcación simbólica de la Línea Negra fue realizada a través de la Resolución No. 0002 del 4 de enero de 1974 del hoy Ministerio del Interior y de Justicia.

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b) Recursos Naturales y Biodiversidad La Sierra Nevada de Santa Marta cuenta con una gran diversidad de recursos naturales; un factor que aumenta el interés de los diferentes actores legales e ilegales, armados y no armados en la zona y que endurece y prolonga el conflicto – ya que los pueblos indígenas no tienen que defenderse solamente contra los actores armados en si, sino también contra los diferentes megaproyectos que destruyen sitios sagrados y territorio de vida. Las mayores riquezas naturales que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta son rocas ornamentales o piedras naturales, recursos biológicos, pero sobre todo, el agua. La Sierra Nevada de Santa Marta produce unos diez mil millones de metros cúbicos de agua al año, de los cuales una parte significativa se convierte en fuente de agua para alrededor de dos millones de personas. En los ríos Guatapuri y Ranchería se planea la construcción de las represas de “Los Besotes” y “Ranchería”, respectivamente, con el objetivo de producir electricidad, abastecer agua potable a Valledupar y varios municipios guajiros, así como irrigar una considerable área productiva en Valledupar y el sur de La Guajira, no tomando en cuenta que la construcción artificial de dos gigantescos espejos de agua derivará en el calentamiento y consecuentemente en la disminución de los casquetes nevados, con serias implicaciones de cambios climáticos en la región y en el planeta. 14 c) Evolución del conflicto en los territorios Wiwa y Kogui Los hechos violentos cometidos contra los pueblos indígenas en Colombia tienen sus inicios en los diferentes periodos de la historia, tales como el periodo de la invasión iniciada en 1492 y la posterior conquista del año 1492. Tanto los conquistadores como los misioneros católicos destruyeron una gran parte de las culturas indígenas. Por otro lado, más adelante, la bonanza “marimbera”( de la marihuana) que aparece en la Sierra a comienzos de los años setenta, también contribuyó a la generación de violencia y trajo el desplazamiento de familias enteras hacia lugares lejanos y más hacia las cumbres de la Sierra por necesidad de las tierras aptas para los cultivos de marihuana y después, de coca. Uno de los aspectos que marcaron después de la bonanza marimbera es la incursión de la guerrilla al territorio, que data desde el año 1985 en búsqueda de zonas estratégicas para sus intereses, pero de igual forma trajo consigo hechos de violencia como asesinatos, desapariciones y desplazamiento interno y que posteriormente a la llegada de los paramilitares en el año 1999 se agudizó la oleada de violencia en las comunidades sumándosele, finalmente, la bonanza cocalera (cultivo de uso ilícito contemporáneo) ocasionando la disputa del dominio del territorio por parte de los actores armados, tanto legales como ilegales: Guerrilla, AUC, Ejército y delincuencia común.

14

Juan Carlos Gamboa, Análisis Estructural Sierra Nevada de Santa Marta. Versión Muy Preliminar, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006).

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Estos grupos llegaron a la Sierra Nevada por ser un lugar estratégico para sus intereses por la salida al mar y el contacto con el resto del país; convirtiéndose en un corredor indispensable para las maniobras y la comercialización de productos como las drogas ilícitas y las armas. En segundo grado de interés, las riquezas de los recursos naturales renovables y no renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta, inciden en que existan múltiples intereses privados para la apropiación con fines comerciales. Las consecuencias dejadas por el conflicto armado son enormes y han ocasionado el desequilibrio espiritual, moral y psicológico de la cultura, por el sólo hecho de no poder llegar a los diferentes sitios sagrados a realizar los respectivos pagamentos, porque no es posible hacer los recorridos libremente desde la orilla del mar hasta los picos del nevado en desarrollo de los trabajos tradicionales, por temor a ser asesinados, capturados o señalados de pertenecer a uno u otro grupo armado. Por otra parte los indígenas no cuentan con los suficientes materiales adecuados para sanear las violaciones dejadas por el conflicto armado, para que se pueda atender la crisis humanitaria que ha aumentado de manera fuerte en los últimos 5 años. Las acciones subversivas y contrainsurgentes de los diferentes actores resultaron en una cantidad de asesinatos contra los líderes, desplazamientos internos, quemas de viviendas y reclutamientos de los miembros indígenas a las filas de los grupos armados tanto como en violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario hechos que han quedado grabados en la memoria de los ancianos, muchos de ellos ya fallecidos y los que aún viven se negaron durante mucho tiempo a narrar los hechos por el dolor y el temor que les genera el tema. A través de los testimonios que se han tomado para este informe, con el objetivo de dar a la luz la verdad sobre la violencia en los pueblos indígenas, muchos de ellos han empezado a hablar y a contar la realidad violenta que vivieron –lo dijeron porque consideran que la injusticia que se presentó y que sigue presentándose en sus territorios ya no puede seguir, sino que tiene que acabarse, porque temen la pérdida de sus vidas, sus tradiciones y culturas – una pérdida que afecta en primer lugar los mismos pueblos, pero además de esto es una pérdida para toda la humanidad. 1.2.) Antecedentes Los pueblos Kogui (Kággaba) y Wiwa hacen parte de los cuatros pueblos indígenas (Kogui, Wiwa, Arhuaco [Ika], Kankuamo) que actualmente habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Los asentamientos que los conforman se encuentran ubicados en jurisdicciones de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. Los pueblos Wiwa y Kogui habitan el resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco, en jurisdicción del municipio cesarense de Valledupar, de los municipios guajiros de San Juan del Cesar, Riohacha y Dibulla y del distrito magdalenense de Santa Marta.

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En el resguardo se registran varios actos violentos cometidos por los diferentes grupos armados, en especial en los últimos cinco años, acabando con las vidas de muchos indígenas y desplazando incluso pueblos enteros. Una gran parte del resguardo fue fuertemente controlada por la guerrilla hasta la llegada de las AUC y la Fuerza Pública en los primeros años de este siglo. En una de las entrevistas, un testigo de la masacre de Marokazo comentó lo siguiente: “[…] aquí no vamos a tapar nada. Antes de traer el Estado por aquí, […] lo que se veía aquí era Guerrilla […] traían secuestrados, traían vainas para acá, […] eso eran cantidades que llegaron, cantidades de guerrilleros, entonces ellos ¿qué hacían?: se ponían a ofrecerle plata, prestarle plata a la gente a que se meta con ellos, para que trabajen con ellos […] Y ¿qué pasó? Si uno no quería servirles a ellos, lo mataban, lo mataban. […]”. Al lado de los asesinatos selectivos cometidos por las guerrillas, como se explicó arriba, las masacres empezaron cuando entraron la Fuerza Pública y las AUC al territorio, condenando indiferentemente a todos los habitantes de los pueblos indígenas de ser guerrilleros, por la presencia de la guerrilla en su territorio, no tomando en cuenta que esta presencia no era un hecho que los mismos indígenas podían controlar, sino más bien una situación que se les impuso y que estaba por fuera de su control. Los testimonios tomados confirman que, esporádica e individualmente, había miembros de las comunidades indígenas que sí se dejaron seducir por las tentaciones de la guerrilla. Los testimonios confirman también que estas personas eran una minoría, pero causa suficiente por la cual la Fuerza Pública y las AUC cometieron masacres espantosas, matando, maltratando y torturando niños, mujeres y ancianos indistintamente. a) Masacre de El Limón La primera masacre fuerte en el territorio, causando el desplazamiento de todo un pueblo entero fue la “Masacre de El Limón” entre los días 30 de agosto y 5 de septiembre del 2002 causando la destrucción de 23 viviendas y seis muertos, entre ellos dos ancianos y tres jóvenes menores de edad. Los testimonios tomados confirman que la masacre fue ejecutada por las tropas del Batallón Cartagena y los paramilitares conjuntamente, quemando las viviendas de la gente, inclusive torturando y aterrorizando varias personas. Una mayor parte de ellos se desplazó para Riohacha, al barrio “Abuwimake”, donde siguen viviendo en este momento, paralizados todavía, con temor de volver. b) Masacre de Potrerito Pasaron pocos meses de los hechos anteriores, cuando en el mes de enero del 2003, comenzó la “destrucción de la comunidad de Potrerito” ocasionando la quema de viviendas, el colegio, centros de salud y cultivos a través de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, tanto por tierra como por aire, a manos del Batallón de Artillería No 2 la Popa y las AUC. A finales del mes de enero y comienzos del mes de febrero del 2003, los habitantes de la comunidad de Potrerito se desplazaron por los impactos generados por el conflicto armado entre guerrilla, AUC y tropas adscritas a

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Batallón La Popa de la Décima Brigada. Los habitantes se desplazaron a las diferentes zonas rurales y urbanas de los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva, Valledupar, Riohacha y la serranía del Perijá. Solo cinco familias se encuentran concentradas en la población de La Peña de los Indios del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. c) Masacre de Marokazo Desde el comienzo de la Semana Santa del 2003 (16 al 20 de abril de 2003) tropas combinadas del Ejército Nacional [Batallones Rondón y Cartagena] con jurisdicción en el Departamento de La Guajira, empezaron a concentrar tropas en el corregimiento de Caracolí, con el propósito de controlar y contrarrestar las acciones armadas en el territorio indígena. El día 21 de abril de 2003, dichas tropas ingresaron a la población de Marokazo, con helicópteros artillados realizando bombardeos, produciendo daños materiales, amenazas contra la población civil y después de marcharse el Ejército Nacional, penetró a la zona las AUC. En su recorrido asesinaron, torturaron a varias personas y golpearon a hombres y mujeres. Destruyeron el Centro de Salud de la comunidad de Marokazo, llevándose consigo las medicinas y otros elementos; al igual que quemaron varias casas, sacrificaron animales, destruyeron la tienda comunitaria y una tienda particular. Como respuesta de la comunidad a estas acciones, se produjo un desplazamiento de 19 familias, más o menos 175 personas, las cuales se localizan en las poblaciones de El Machin, otras en La Peña de los Indios, Ulago y el casco Urbano de San Juan del Cesar. d) Masacre de La Laguna Otro caso se produjo en la comunidad de Cuachirimake (La Laguna), por tropas de los Batallones Cartagena, Rondón y los paramilitares entre los días 20 al 25 de abril del 2003 causando ametrallamientos indiscriminados desde un helicóptero y aviones de combate pertenecientes a la Fuerza Área Colombiana (FAC). Como resultado de estas acciones se causaron desplazamientos internos y masivos de 52 personas entre adultos y niños, a las poblaciones vecinales Kággaba de El Colorado y Mamarongo en la parte más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Sólo un mes después, entre el 21 y el 24 de mayo de 2003, se presentaron combates por segunda vez, afectando directamente las poblaciones de La Laguna, Sabana de Joaquina, Seminke y Goamaka, comunidades que fueron desplazadas internamente. En septiembre del mismo año, los combates seguían en la comunidad de Sabana Grande y resultaron en el desalojamiento de toda la comunidad. En la actualidad, la gente se encuentra viviendo en los cascos urbanos de San Juan, Valledupar y en algunas comunidades del resguardo por los lados del departamento del Cesar. e) Masacre de Las Mercedes El día 8 de diciembre del 2003, fue destruida la comunidad de Las Mercedes, por el accionar de la guerrilla que restringió el paso hacia las otras comunidades ya que éste

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área es estratégica por el acceso desde la parte baja hacia la parte alta del territorio Wiwa en el departamento del Cesar. Para el mes de diciembre de 2005, se encontraban desplazadas 50 familias dentro y fuera del resguardo. Hoy en día, la comunidad se encuentra totalmente desolada, donde sólo algunas ruinas que aun continúan en pie son la evidencia de tan macabra acción. f) La Violencia de los años 2004 - 2006 Durante el año 2004 se presentaron varios asesinatos, torturas y desplazamientos aislados por los diferentes grupos armados, acusando a los indígenas de colaborar o al uno o al otro grupo armado. El 15 de enero de 2005, en el municipio de San Juan del Cesar- La Guajira, miembros de las AUC asesinaron a dos indígenas Wiwa, uno de los cuales era un reconocido líder, miembro de la directiva de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, (OWYBT). Estos hechos, denunciados ante las autoridades competentes y ante organismos defensores de los Derechos Humanos, fueron el hecho contundente para que a raíz de estos sucesos se le dictara al pueblo Wiwa Medidas Cautelares como mecanismo de protección, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH). Sin embargo, los muertos, asesinatos y desplazamientos seguían en el año 2005. El 12 de octubre de 2005, en la comunidad Wiwa de Gongra, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira), incursionaron aproximadamente trescientos hombres fuertemente armados, pertenecientes a un grupo armado ilegal de la guerrilla, apropiándose y posesionándose de los cultivos y las casas de la comunidad. Establecieron su campamento y base de operaciones, causando el desplazamiento forzado de aproximadamente 12 familias de esta comunidad Wiwa. La presencia de la guerrilla, que seguía en el territorio Wiwa, generó acusaciones de parte de las AUC y la Fuerza Pública, manifestando que ciertas personas indígenas eran colaboradores de la guerrilla, sin tener pruebas o argumentos legítimos para ello. Este tipo de acusaciones afectaron, por ejemplo, al profesor de la Comunidad Sabana Joaquina del municipio de San Juan del Cesar. En el marco de la denominada “Operación Atánquez”, en agosto del 2005 se presentaron 5 helicópteros, una avioneta y un helicóptero que aterrizaron a unos 70 metros de la escuela aproximadamente y ocho agentes de la policía, los cuales se dirigieron a la escuela, con los fusiles en posición de disparar y de manera amenazante llegaron al salón de clase. Una persona encapuchada señaló al profesor, siendo capturado inmediatamente por un contingente de la Policía Nacional. Posteriormente a estas detenciones los medios masivos de comunicación, recogiendo las versiones de la Fuerza Pública, difundieron ampliamente la noticia que con esta captura se le había infringido un duro golpe militar a la guerrilla, ya que no sólo era el “jefe político” del frente 59 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo --FARC-EP--, sino que estaba implicado en la emboscada en la que murieron quince (15) miembros de la Policía Nacional. Inclusive, lo acusaron de enseñar a los niños la “ideología de la guerrilla”; cosa que nunca se ha probado y que según su testimonio fue simplemente inventada. De la misma manera arbitraria como fue capturado, así fue dejado en libertad otra vez. Esta persona se encuentra libre en estos

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momentos; libre, pero con la reputación dañada y difícilmente recuperable, recibiendo amenazas de los actores armados. Por la misma razón, finalizando el año 2005, tres personas del Ejército, llevaron a un indígena de la Comunidad Ulago, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) “para el monte”. “[…] era el ejercito […] ellos dijeron que fueron el Ejército de Buenavista […] nosotros lo levantamos en el Batallón de la Popa […] a el se lo llevaron en un pantalón mocho y una camiseta y después de que lo mataron, lo uniformaron, […] le pusieron unas botas, le pusieron dos granadas […] y después salió en las noticias que murió en un combate con la guerrilla […]” La violencia en el territorio Wiwa no se ha acabado todavía. A pesar de la fuerte presencia militar de parte del Ejército Nacional, los asesinatos, muertes y desplazamientos siguen, muchas veces ejecutadas por la misma Fuerza Pública. 1.3.) El caso especial del pueblo Kogui El caso del pueblo Kogui parece un caso bastante especial, en el sentido de que no se pudieron observar masacres fuertes o desplazamientos masivos en dichos pueblos; más bien son muy escasas las veces donde se puede observar un indígena Kogui desplazado. Este hecho puede tener varias razones: 1.) De los primeros pueblos afectados por el conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron los pueblos Kankuamo y Arhuaco – pueblos que se encuentran localizados a cierta cercanía de los cascos urbanos y que son relativamente fáciles de acceder. El pueblo Kogui es el pueblo que se encuentra localizado más arriba en la Sierra Nevada, requiriendo a sus “visitantes” horas de marcha, antes de llegar. Esta lejanía, el aislamiento y la dificultad en llegar puede ser un factor por el cual ellos no han sido tan afectados por los actores armados. 2.) El pueblo Kogui ha conservado muy bien sus tradiciones, rituales, su idioma y su cultura en general; inclusive las personas Kogui que no hablan el castellano son una mayoría, sin duda. El hecho de no poderse comunicar con ellos podía haber contribuido al hecho que los actores armados no se hayan involucrado con ellos. Sin embargo, según el anterior Cabildo Gobernador del pueblo Kogui, Arregocés Conchacala Zalabata, se podía observar la presencia de la guerrilla en el territorio Kogui en los últimos dos años, obligándoles a ciertos miembros de la comunidad a colaborarles. Los actores armados ilegales del conflicto se han venido moviendo constantemente de un lugar a otro, de acuerdo a la presión ejercida por la Fuerza Pública, lo que se traduce en que las regiones con presencia más o menos regular de estos actores, cambie constantemente. Masacres y desplazamientos se han presentado sobre todo cuando los diferentes grupos armados han aparecido en el mismo terreno. La persecución de los actores ilegales armados (en especial de la guerrilla), por la Fuerza Pública ha causado que ellos se sientan obligados de retirarse más y más hacia terrenos menos accesibles. La

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observación de la guerrilla en el territorio Kogui en los últimos dos años puede ser una consecuencia de la persecución de la guerrilla por las AUC y la Fuerza Pública, que les obligó a retirarse hacia las cumbres de la Sierra. La situación de las comunidades del pueblo Kogui es bastante preocupante en este momento, por lo que ellos muy fácilmente pueden ser las victimas de posibles enfrentamientos entre la guerrilla, las AUC y la Fuerza Pública en este futuro muy cercano. De hecho, desde fines principios del 2004 hasta mediados del 2005, han sido muertos y desaparecidos aproximadamente 10 (diez) Kogui, todos en las cuencas de los ríos Ancho y Jerez, en jurisdicción del municipio guajiro de Dibulla. Recientemente, en el corregimiento de Mingueo, (Dibulla) apareció una fosa común, en la cual se han encontrado restos de 34 personas. Se cree que en esta fosa común puedan encontrarse los restos de varios de desaparecidos Kogui. De la misma manera, hay que recordar que en abril de 2006 dos Kogui, un padre y su hija, fueron muertos al pasar por un campo minado, hecho ocurrido en el corregimiento de Palomino, en Dibulla. 2.) CONSECUENCIAS DEL CONFICTO ARMADO INTERNO 2.1.) Desplazamiento Una de las consecuencias directas del conflicto armado es el desplazamiento forzado que se ha presentado de forma masiva en las comunidades Wiwa. En el año 2003 se desplazaron 22 familias, un total de 133 personas, de las cuales 62 son mujeres y 71 son hombres. La gran mayoría de las familias desean retornar, pero no cuentan con los recursos físicos y económicos que les garantice el retorno a sus tierras y sobre todo el temor de perder la vida por que no existe una forma de seguridad garantizada a largo plazo. Durante el año 2004, al casco urbano del municipio de San Juan del Cesar-La Guajira se han desplazado 90 familias de diversas comunidades del Resguardo, para un gran total de 509 personas de las cuales 251 son hombres y 255 mujeres. En el año 2005 se presentaron 6 muertos, 5 desapariciones - incluyendo un niño de ocho años - y se desplazaron alrededor de 10 familias Wiwa y varias personas individuales. En el año 2006 se registraron dos desplazamientos de sendas familias, ambos en jurisdicción del municipio de Riohacha. Se ha presentado un desplazamiento de alrededor de 23 personas de una misma familia en el corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla. Adicionalmente pequeños desplazamientos de familias se han venido sucediendo. A pesar del sufrimiento padecido, el Gobierno Nacional continúa sus políticas de retorno de los desplazados a sus comunidades de origen,pero éstas no son sostenibles en la práctica. Algunos Wiwa han retornado por su propia cuenta y esto les ha ocasionado diversos problemas dentro y fuera del resguardo con los diferentes actores armados, tanto

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legales como ilegales. Los que se resisten a abandonar sus comunidades es porque se han arraigado al trabajo tradicional con los Mamos en La Loma, que les protegen, y que buscan calmar y controlar el conflicto de la mejor manera posible. Los que se han desplazado hacia los cascos urbanos cercanos o más distantes, sufren no solamente la pérdida de sus tradiciones, de su cultura, de su vida espiritual, aguantando pésimas condiciones de vida, sino muchas veces también la continua violencia en el sitio de recepción. En el barrio “Abuwimake” de Riohacha reside una gran mayoría de las personas desplazadas por la masacre de El Limón en 2002. El barrio, que consiste en casas de plástico, establecidas por la alcaldía, no cuenta con la infraestructura necesaria para que la gente pueda vivir una vida digna. Niños y adultos están enfermos por falta de agua limpia, y consecuentemente por falta de una higiene básica. Aparte de la ausencia de condiciones fundamentales de vida, la gente sigue sufriendo la violencia por actores ilegales y legales, acusándoles de manera arbitraria, de pertenecer a uno u otro grupo armado. La esposa de una de las personas afectadas por esta practica contó de la “mata explosiva” “ ... resulta que llegaron del DAS y se lo llevaron [al esposo] […] duró 12 días en el DAS, le investigaron pero no le encontraron nada […] el mismo DAS vino a traerlo aquí a la puerta de la casa[…] salió inocente el muchacho […] le metieron muchas cosas […] pero no encontraron nada porque él es inocente[…] duró tres meses aquí en la casa […] en diciembre vuelve la policía y nos trae una matera […] eso fue el 15 de diciembre del 2003 […] una matera fina […]; una matera [de las] que compran los ricos […] de pinos […] el pino lo sacaron de la matera y abajo la metieron unas bolsas largas y unos cables […] vino la fiscal y yo les dije[…] dénme la orden de allanamiento […] no hay orden […] bum bum empujaron la puerta […] y entraron para dentro […] ‘está detenido usted’ [le decían al esposo] […] ‘¿por qué esta detenido él?’ […] porque aquí hay no se qué de armas […] buscaron y buscaron y no encontraron nada […] la matera recuerdo yo, la matera la bajaron del carro de la policía y la metieron allá al lado de la ventana […] yo les dije que por favor me saquen esta vaina de ahí, porque no es mía […] así en la esquina ya veo cómo el otro está colocando como un radio que ellos cargan […] a mi esposo se lo llevaron por subversivo y lo encarcelaron durante 19 meses […] salió en las noticias como terrorista, como subversivo e informante de la guerrilla, le metieron de todo […] comandante de la ELN, porte ilegal de armas, hurto, […] el 26 de mayo del 2005 le hicieron la audiencia y él apareció inocente […] ya salió contento, porque iba a trabajar, […] y se fue a trabajar donde un señor en una finca […] pero la SIJIN siguió molestándole, lo seguían buscando, preguntaban por él […] y un día yo le llamé a mi esposo porque vino un señor de derechos humanos de Barranquilla de la fiscalía, para que hable con él y le cuente, ‘él quiere ayudarte’ dije yo, […] entonces como se trataba de derechos humanos, él [el esposo] vino […] a las ocho en punto [de la mañana] paró él aquí para hablar con él [con el esposo] […] no hacían dos minutos cuando le cayó la policía […] y se lo llevaron delante del fiscal […]” Este señor se encuentra encarcelado en este momento, posiblemente en la Cárcel Judicial de Santa Marta.

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La gente desplazada sale de sus territorios porque teme la violencia y la guerra en su tierra. Pero lo que encuentran en ciertos sitios de recepción no es otra cosa sino la extensión de una violencia que supuestamente iban a dejar atrás. En el caso especial de los Wiwa que residen en Abuwimake, la Fuerza Pública sigue persiguiéndolos porque les acusan de guerrilleros o terroristas. La pregunta es, ¿si fueran guerrilleros, por qué huyeron y se desplazaron? Si fueran guerrilleros ¿no se hubiesen más bien metido con la guerrilla en su sitio de origen? La situación de la gente desplazada sigue siendo muy difícil, y no es solamente por vivir lejos de sus territorios, tolerando los prejuicios sociales de una sociedad que tiene un pensamiento totalmente diferente al de ellos, sino también por la falta de servicios básicos, de empleo y sobre todo por la violencia que les persigue hasta en los sitios de refugio. 2.2.) Violación de los Sitios Sagrados Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el principio fundamental de su convivencia es el carácter sagrado del territorio. Los sitios sagrados son lugares donde se hacen los diferentes trabajos espirituales que cada uno de los miembros de la comunidad indígena debe hacer de la mano del Mamo (la autoridad tradicional). Alrededor de cada uno de los asentamientos, existe por lo menos un sitio de vital importancia para el respectivo pueblo. Los sitios son “sagrados” no solamente por su importancia simbólica o espiritual, ya que son considerados sitios de los ancestros o espíritus, sino también porque son lugares de alta riqueza en diversidad biológica. Muchas veces son sitios ubicados en pequeñas colinas, desde donde se puede tener una extensa visibilidad sobre los alrededores – una causa por la cual estos sitios son usados con frecuencia por parte de los grupos armados para establecer sus campamentos con las consecuencias que conlleva este comportamiento: las piedras son removidas o usadas como fogones y en los alrededores de estos lugares hacen sus necesidades fisiológicas – mientras que otros sitios muchas veces son violados en su totalidad. Con la intensidad del conflicto armado en los últimos años, ciertos usos y creencias tradicionales se han debilitado puesto que los indígenas no pueden llegar a ciertos sitios sagrados porque se encuentran bajo el dominio de los grupos armados. Los indígenas ven su cultura en peligro por la pérdida de las tradiciones debido a que los ‘pagamentos’ no se están realizando en estos sitios correspondientes, que se encuentran distribuidos en toda la Sierra Nevada, desde la orilla del mar hasta los picos más altos. Estos lugares son muy afectados por el conflicto armado debido a los enfrentamientos, bombardeos indiscriminados, la construcción de campamentos de los actores armados, las profanaciones y los estudios arbitrarios de los mismos con el objetivo de explotación económica y reconstrucción de futuras represas en los ríos. Aparte de los sitios sagrados que se encuentran alrededor de los pueblos, en general cada comunidad posee también una casa ceremonial, “La Unguma” [para los Kággaba], donde se reúne el Mamo con el pueblo y donde se efectúan ciertos tipos de ceremonias como bautizos. Muchas veces cuando llegan los grupos armados a las comunidades, es usual

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que invadan estos espacios y que roben los objetos sagrados de las autoridades. La pérdida de estos objetos implica la pérdida del poder por parte de las autoridades, con las graves consecuencias que esto representa para el control de sus comunidades y de su cultura.15 2.3.) Robo y Expropiación de Alimentos Con la mayor intensificación del conflicto y la mayor presencia de gente armada, la gran mayoría de los grupos ilegales, e incluso, los miembros de la Fuerza Pública, llegan a las fincas y toman para sí mismos, sin ningún permiso, las cosechas, los animales que la gente cría o los que forman parte de los bienes de cada comunidad. Esta situación ha llevado a que en muchas de las comunidades se viva una crisis alimentaría, no sólo por acción de los grupos armados que se encuentran en los alrededores de las comunidades tomando los productos, sino también por el hecho de que quienes controlan las partes bajas impiden la subida de alimentos, tanto los que se logra adquirir en los centros urbanos adyacentes a la Sierra, como los que son donados por diversas instituciones. 16 2.4.) Obstaculización de la Prestación de Servicios de Salud El conflicto armado en la Sierra ha generado un problema grave en la prestación de los servicios básicos de salud en el interior de las comunidades. Unas de las primeras personas amenazadas por los diferentes grupos armados muchas veces han sido los promotores y auxiliares de salud indígena y los equipos médicos que suben a cada asentamiento a prestar servicios de salud. Una de las acciones que hacen los grupos armados es saquear los puestos de salud, robándoles las medicinas a la población. Por causa de esto, la única solución en caso de una emergencia médica era la remisión de los pacientes a los hospitales de las ciudades, cosa que también era obstaculizada por los actores armados, impidiendo el traslado de los pacientes. 2.5.) Reclutamiento de Jóvenes Uno de los problemas que ha generado la presencia de la guerra en los territorios indígenas es el reclutamiento de jóvenes, hombres y mujeres en las filas de los grupos armados ilegales. En general, los indígenas que se han incorporado a los grupos armados, son aquellos que han infringido la ley tradicional en las comunidades y que desobedecen los mandatos de las autoridades. Para no cumplir la sanción a la que estarían sometidos, huyen de las comunidades y se enrolan en las filas de los grupos armados, quienes los reciben. Además de esto, en algunas ocasiones estas personas reclutadas, como represalia por la sanción impuesta por las autoridades por su falta de cumplimiento de la ley tradicional, acusan ante los comandantes de esos grupos armados a dichas autoridades o 15

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Oficina de Educación y Participación, Senunulang – Umunukunu - Sitios Sagrados de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, (Santa Marta, Colombia: Diciembre de 2004). 16 Gobernación del Magdalena, Ministerio del Interior y Justicia, PNUD, Resguardo Arhuaco, Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, (Santa Marta, Colombia: Marzo del 2006).

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a personas de la comunidad, quienes toman como cierta la acusación y proceden contra ellos. 17 La guerrilla llegó por primera vez en los pueblos Wiwa en los años ochenta, con su discurso de ayudar al pueblo y que estarían para cuidarlos de las acciones injustas de varios actores. “[…] dichas ideologías no compaginaban con las nuestras, debido a que las nuestras están desde la creación del mundo, mas no se hicieron cuando llegó Cristóbal Colon o la Guerrilla, los Paramilitares o las Fuerzas Estatales.”18 Los actores armados muchas veces utilizan estrategias falsas para involucrar a ciertas personas en sus filas, con afirmaciones de que lucharán por los intereses de los indígenas defendiendo el territorio, la autonomía y la preservación cultural. La presencia de la guerrilla se ha convertido en un problema enorme para las comunidades, los líderes, las autoridades, los usos, costumbres, tradiciones y creencias. Las AUC, hicieron aparición por primera vez en el año 2001 con retenes en las vías que conducen a las comunidades del resguardo. Han usado la estrategia de utilizar a algunos indígenas, atraídos por el dinero, por intimidación de no asesinarlos o asesinar a sus familias. Les usaron como guías, traductores o para que identifiquen a ciertas personas; técnicas que también han sido usadas por la guerrilla. El discurso violento de los grupos armados no es un discurso compartido por los pueblos Wiwa, Kogui o los otros indígenas de la Sierra Nevada. Todo lo contrario – el discurso promovido por los pueblos indígenas de la Sierra es un discurso completamente pacífico. Entre más fuerte la cultura tradicional de los mismos pueblos indígenas, y entre más profunda la identificación de los miembros de las comunidades con su propia cultura indígena, mucho menor es el riesgo de que se dejen seducir por las ofertas amorales de los grupos armados. En este sentido, el fortalecimiento de la cultura indígena no debe ser solamente en el interés de los mismos indígenas sino también en el interés de toda la nación. 3.) CONCLUSION Y RECOMENDACIONES Los testimonios recolectados y el material secundario usado para la realización de este informe demuestran que la violencia más fuerte en el pueblo Wiwa se vivió entre los años 2001 y 2005. Durante este periodo, muchas comunidades y líderes fueron declarados objetivo militar por los diferentes grupos armados. Este hecho resultó en asesinatos, desaparecidos, en comunidades quemadas, desplazamientos internos y externos, niños huérfanos, mujeres viudas, detenidos acusados de rebelión, pérdidas de bienes, enfermedades sicológicas, desequilibrio espiritual y la profanación de sitios sagrados.

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Ibid. p. 8. Organizacion Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona – Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, MSD/USAID, MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO DEL PUEBLO WIWA “PRIMER ACERCAMIENTO” DESDE 2001 A ENERO DEL 2006, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006)

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Aunque, afortunadamente, no se registraron desplazamientos masivos o masacres con muchas víctimas entre el segundo semestre de 2005 y el primero del 2006, la violencia en especial en contra de los líderes indígenas o personas activas en las comunidades, principalmente quienes trabajan el tema de derechos humanos, sigue igual. Amenazas de muerte, atentados y otros hechos violentos hacen parte de su rutina y es particularmente el trabajo tradicional de los Mamos, de las autoridades tradicionales, a través del cual buscan a proteger sus vidas. Puede decirse que, hoy por hoy, son los pueblos Wiwa y Kogui los más afectados por el conflicto armado, ya que el escenario de guerra que había en las comunidades de los pueblos Kankuamo y Arhuaco se desplazó hacia sus territorios. Desafortunadamente, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no son solamente las victimas de una guerra sucia ejecutada por los actores armados ilegales, sino también de una política demasiado arbitraria por la propia Fuerza Pública. La Fuerza Pública, muchas veces acusa a ciertas personas indígenas a ser colaboradoras de uno u otro grupo armado. Les castigan sin investigar el caso – les llevan, les encarcelan sin orden de captura, acusándoles de ser una persona “subversiva”. Los pueblos indígenas quieren plantear, de manera muy clara, que “nuestros pueblos no se encuentran en territorio de ningún actor armado, sino que son los actores armados los que están en nuestros territorios, realizando una guerra que no sólo es ajena sino que no la alcanzamos a comprender. Es así como los diferentes actores armados transitan y viven en nuestros territorios, pero no viven entre nosotros.”19 De esta conclusión se derivan las siguientes recomendaciones: 1.) Rechazar, investigar y sancionar las acusaciones arbitrarias, encarcelaciones injustas y detenciones sin orden de captura por parte de la Fuerza Pública. 2.) Apoyar el proyecto de fortalecimiento de la cultura tradicional de los pueblos indígenas. Esto implica - la protección y recuperación de sitios sagrados - la protección de las tierras indígenas en general y la ampliación del Resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco - el apoyo en la recuperación de las tradiciones indígenas que están en riesgo por la prolongación del conflicto armado 3.) Brindar protección especial a las y los lideres y activistas indígenas que corren un mayor riesgo por su posición Pública, por ejemplo a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 4.) Brindar protección especial al pueblo Kogui que corre un riesgo alto de ser victima de posibles enfrentamientos entre los grupos armados en un futuro muy cercano, por la reciente presencia de grupos guerrilleros en su terreno. 19

Organizacion Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona – Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, MSD/USAID, MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO DEL PUEBLO WIWA “PRIMER ACERCAMIENTO” DESDE 2001 A ENERO DEL 2006, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006)

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Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los Pueblos Indígenas del Departamento de Putumayo/Colombia y en particular, de la Población Indígena Desplazada en Mocoa

Este informe se basa en 17 testimonios tomados por la autora, en el mes de Junio del 2006, y toma en cuenta los siguientes materiales secundarios: -

OZIP-Organización Zonal Indígena de Putumayo, Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Putumayo, (Mocoa/Colombia: Mayo 2005).

-

Informe Estadístico sobre Viudas Indígenas de la Organización Indígena Nasa “Asone'hwesx”, (Mocoa/Colombia: Junio 2006).

-

Informe Estadístico sobre Desplazados Multiétnicos del Putumayo de la Organización Nasa Asone'hwesx, (Mocoa/Colombia: Junio 2006).

-

Informe sobre el “Impacto del Desplazamiento en las Niñas y las Mujeres Desplazadas del Putumayo de la Organización Indígena Nasa “Asone'hwesx”, (Mocoa/Colombia: Junio 2006).

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Entrevistas con varias personas de la organización indígena Nasa “Asone'hwesx”, (Mocoa/Colombia: Junio 2006)

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“[...] ¡Ay doctora!, si yo le contara […] ahora ya no lloro tanto […] en la finca mía me mataron a mi esposo, porque prestaba servicio [militar obligatorio] […] de mis seis hijos, no quedaba sino uno […] en la finca teníamos todo: 30 vacas, yuca, plátano […]¿cuándo yo me imaginaba que algún día iba a terminar viviendo sobre rocas, piedra y barro? […] desde que vinimos huyendo, fue un candelazo […] sufrimos hartísimo, hartísimo, […]” (una señora desplazada Nasa actualmente viviendo en Mocoa)

1.) PANORAMA GENERAL 1.1.) Datos Demográficos La población indígena en el departamento del Putumayo se distingue por su variada composición étnica, caracterizándolo como uno de los 10 departamentos con mayor población indígena en el país, representando un 3% del total nacional. Una parte significativa de la población ancestralmente asentada en la zona pertenece a las etnias Kofán, Inga, Kamsá, Siona, Koreguaje y Witoto, mientras otras son provenientes de diferentes partes del país como los Nasa y Yanacona, del Cauca, los Awá y Pasto, de Nariño y los Embera Katío, del Valle del Cauca. El Putumayo está habitado por aproximadamente 45.000 indígenas, pertenecientes a 13 grupos étnicos, asentados en los 13 municipios que componen el departamento, con 157 comunidades, representadas por sus cabildos (autoridades tradicionales) y 49 territorios legalmente reconocidos a través de la figura de Resguardo. Sin embargo, la mayoría de la población indígena organizada en cabildos carece de tierras legalmente reconocidas, aunque cabe anotar que casi el 80% del territorio de este departamento ha sido declarado baldío (o perteneciente al Estado) y posee riquezas biológicas, mineras, petroleras y culturales de incalculable valor. La mayoría de los pueblos habla su propia lengua, tiene modelos de organización social específicos y dinámicas económicas particulares, diferentes al resto de la sociedad nacional. Las riquezas naturales que existen dentro de los territorios ocupados por las comunidades indígenas a nivel nacional son codiciadas por varias empresas capitalistas que pretenden obtener las materias primas, muchas veces colocando en serios riesgos de extinción a los pueblos indígenas de Colombia, y en el caso del Putumayo especialmente a los pueblos Koreguaje (70 personas), Siona (1.300 personas), Kofanes (900 personas) y los Ocaimas (17 personas que habitan entre Ecuador y Colombia).

1.2.) Evolución histórica del conflicto en el Putumayo Entre los años 1945 y 1975 se vivió una aparente tranquilidad en el departamento del Putumayo. Esta tranquilidad se acabó en los años de 1980, con la llegada de los movimientos guerrilleros, incluyendo el EPL, M 19 y por último las FARC, por la presencia de empresas trasnacionales que buscaban explotar los recursos naturales como 35

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el petróleo. Por lo tanto, las políticas del Gobierno Nacional apuntaron a intensificar la presencia militar para facilitar la extracción de este recurso, potenciando la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Toda esta actividad militar generalmente se hizo en contra de la población civil con la restricción al acceso a los territorios para ejercer las prácticas de pesca, caza, recolección de frutos, plantas medicinales y el desarrollo de las visitas a los sitios sagrados para las prácticas de los ritos tradicionales. En estos mismos años, empieza la bonanza de la coca, producto sagrado de las culturas del mambeo en los ritos y pagamentos a los dioses de la naturaleza. Con la producción comercial de la coca para el uso ilícito se agudiza el conflicto por la disputa del poder económico y territorial entre narcotraficantes y los grupos armados legales e ilegales. Las políticas del gobierno eran (y todavía son) tajantes e insistentes en la erradicación forzosa de plantaciones de coca, a través de la fumigación aérea con un compuesto químico, uno de cuyos componentes es el glifosato. A partir de ese entonces, los capos del narcotráfico buscaban defender sus intereses, a cualquier precio, y es así que empiezan a surgir movimientos armados, llamados “Mano Negra” y “Masetos” que hacían presencia en el territorio en los años de 1985 hasta 1994. Estos grupos hicieron mucho daño a la población civil con desapariciones, muertes, desplazamientos, orfandad y masacres, sembrando pánico a la población y sometiéndola a sus ideales. Como consecuencia de erradicaciones forzosas y acciones violentas, en el año 1996, los campesinos, indígenas y demás sectores populares se levantaron en un paro de tres meses entre los departamentos del Caquetá y Putumayo, hasta que, finalmente, el Gobierno Colombiano firmó un acuerdo con estos sectores, para el “desarrollo alternativo”. Posteriormente, al inicio del Plan Colombia, en el año 2000, se firmaron los denominados “Pactos Sociales”. El fin de estos pactos era la búsqueda de soluciones alternativas al cultivo masivo de coca, en medio del conflicto armado, con la implementación de programas de producción agrícola y pecuaria como medio para garantizar la misma comercialización de esta producción. Otra parte importante del pacto incluyó la “NoFumigación Aérea” con glifosato, a cambio de la erradicación de la coca de manera manual, gradual y voluntaria. Desafortunadamente, el gobierno colombiano nunca cumplió suficientemente con el compromiso, destruyendo cultivos de alimentos e inclusive, cosechas de cultivos “alternativos” que tanto con recursos estatales, como de la cooperación internacional se habían establecido, con productos como pimienta, caucho, palmito y caña de azúcar. En los años 1999 y 2000, el mismo Gobierno sorprendió a la población del Caquetá y del Putumayo con la primera fumigación aérea, respaldada por la Fuerza Pública, bombardeando áreas a ser fumigadas. Por causa de estas fumigaciones, enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley y bombardeos de la Fuerza Pública, comienza el desplazamiento forzado y masivo de la población civil.

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Pese a que se realizaron demandas a nivel internacional por los daños ecológicos, afectaciones en la salud humana y en los plantíos por causa de las fumigaciones aéreas, el Gobierno de Estados Unidos sigue aprobando al gobierno colombiano amplios recursos para el Plan Colombia (y desde diciembre de 2003, para el Plan Patriota), no tomando en cuenta que sus acciones son una de las más brutales en contra de la población civil, puesto que se agudizan los enfrentamientos armados entre los actores armados ilegales y la Fuerza Pública, quedando la población civil en medio del fuego y en condiciones de miseria y desamparo. Una gran parte de los recursos del Plan Patriota se dirige hacia el fortalecimiento de la política de seguridad democrática, que incluye en el Putumayo programas de “soldados campesinos”, “familias guardabosques”, la utilización de químicos tóxicos en los sitios de combate, áreas minadas en territorios de movilización de la población civil y propagandas y ofertas de remuneración económica a la “Red de informantes y cooperantes”. Como resultado del desarrollo de toda esta actividad militar en territorios del Pueblo Nasa, miembros de este pueblo hasta el 2006 registraban los siguientes resultados: • • • • • • • • • •

Mujeres Nasa madres solas por violencia Mujeres Nasa viudas por la violencia: Familias Nasa desplazadas por la violencia: Personas Nasa desplazadas por la violencia: Desaparecidos: Homicidios por actores armados: Heridos por combates y atentados: Dirigencia desplazada por violencia: Población Nasa del Putumayo en confinamiento: Personas Nasa afectadas por las fumigaciones aéreas:

78 43 103 615 23 85 13 17 100% 780

Las consecuencias de estos hechos son violaciones de derechos humanos de forma masiva y desplazamientos forzados, sobretodo hacia los cascos urbanos. Como los testimonios tomados fueron principalmente de personas desplazadas en la capital de Putumayo, Mocoa y en Villagarzón, en la próxima sección se va a profundizar en el tema del desplazamiento como una de las consecuencias principales del conflicto social y armado en el departamento Putumayo. 2.) EL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO UNA DE LAS CONSECUENCIAS PRINCIPALES DEL CONFLICTO ARMADO Y SOCIAL 2.1.) Introducción y situación de desplazamiento en Mocoa El desplazamiento forzado en el departamento del Putumayo comenzó con la llegada de los grupos armados que se enfrentaron por el control de la población y el territorio. En los

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últimos años, esta situación ha afectado a unas 40.000 personas, en especial las provenientes de las zonas rurales de los municipios del Bajo Putumayo. La capital, Mocoa, ha sido lugar de recepción de más de 1.500 personas desplazadas desde el año 2001, de las cuales solamente más de 200 personas son viudas. Las y los indígenas desplazados en la capital de Mocoa viven en condiciones pésimas. Se crearon barrios donde residen prácticamente sólo personas desplazadas de origen indígena, como por ejemplo el barrio José Homero Alto, el 15 de Mayo, Vía de los Guaduales o el barrio Palermo, en Villagarzón (compare las fotos). En estos barrios hace falta cualquier tipo de una vida sana y digna como en especial: -

Higiene básica, causando enfermedades en los niños, niñas y personas adultas. Servicios públicos incluyendo electricidad, canalización, calles y agua. Seguridad Pública resultando en asesinatos, desapariciones y secuestros.

Barrio Vía de los Guaduales, Mocoa, Departamento de Putumayo, Junio del 2006

Barrio José Homero Alto, Mocoa, Departamento de Putumayo, Junio del 2006

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A veces se escucha el argumento de parte de investigadores y académicos, que estudian el tema de desplazamiento en Colombia, que este desplazamiento no es comparable con los desplazamientos internos en El Sudan, porque en Colombia no existen campos de refugiados. Pero, en vista de la situación de Mocoa, donde los barrios de los desplazados escasamente tienen servicios públicos o seguridad Pública, donde la gente vive bajo pésimas condiciones de vida, se empieza a cuestionar la veracidad de estos comentarios. El desarraigo de los territorios y fincas indígenas han ocasionado muchos traumas en las familias afectadas, sobre todo en las mujeres y las niñas. Una señora menciona: “Como también existía mucha discriminación, nadie quería dar trabajo, porque por una persona que se comportara mal, dañaba la imagen de los desplazados, y nos mencionaban como un problema social; algunas veces no querían ni arrendar viviendas – nos tildaban de muchas cosas malas, y por este motivo algunas familias desesperadas por no conseguir ninguna ayuda, se regresaron al lugar expulsor, lo que les costó la vida y la pérdida de familiares, quedando muchas viudas, y niños y niñas menores de edad huérfanos por la desaparición o asesinato de sus progenitores.” 2.2.) Antecedentes A partir del año 1999 hicieron presencia las AUC en los municipios y corregimientos del Bajo Putumayo, empezando en el corregimiento de “El Tigre”, municipio de Valle del Guamuéz, donde efectuaron la primera masacre; de ahí pasaron a la Inspección de Policía de “El Placer” en el mismo municipio, ejecutando la segunda masacre. En el 2000 el mismo grupo armado llegó al corregimiento “La Dorada” donde se presentó la tercera masacre, y de ahí pasaron al casco urbano del municipio de Valle del Guamuéz o “La Hormiga” y al del municipio de San Miguel con muertes selectivas. Posteriormente en el 2001, los mismos grupos pasaron a Puerto Asís, donde efectuaron una cuarta masacre, y en Puerto Caicedo sucedió la quinta masacre; en Orito se presentaron muertes selectivas y en Villagarzón sucedió la sexta masacre en el 2002. El motivo de la llegada de las AUC, según versiones de ellos mismos se justificaba por: -

“Limpieza” de auxiliadores de la guerrilla y narcotraficantes Control territorial. Apropiación de “vacunas” (impuestos ilegales). Compra y venta de drogas ilícitas. Des-estabilización de organizaciones sociales. Facilitar la explotación de los recursos a las empresas trasnacionales.

Los motivos que los grupos armados ilegales (paramilitares y la guerrilla) alegan para ocasionar el desplazamiento son:

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La supuesta inclusión de la población civil en grupos armados opuestos al que desplaza. Muertes, por no pagar impuestos ilegales o “vacunas”. Muertes de personas que no estaban de acuerdo en que los grupos armados se ubicaran en sus propiedades (privadas y colectivas). Muertes por no venderles productos lícitos e ilícitos. Las órdenes autoritarias de los grupos ilegales para que se acaben los cabildos indígenas, porque los cabildos impiden el acceso a los movimientos armados en sus territorios, con la consiguiente persecución a la dirigencia indígena. El reclutamiento forzado de jóvenes y adultos de ambos sexos, para que sirvan como milicianos o combatientes.

2.3.) Consecuencias del desplazamiento El confinamiento (o encierro) de las comunidades indígenas, resultando en la imposibilidad de libre tránsito entre los pueblos y las fincas; ejecutando muertes selectivas a los que no obedecen. Este hecho resulta en el desplazamiento de muchas personas indígenas hacia las ciudades, porque los niños y niñas generalmente estudian en las ciudades o los pueblos y los padres y madres no les pueden dejar solos, y como no pueden transitar entre la finca y el pueblo, prefieren quedarse con sus hijos en la ciudad. Una vez llegados al entorno nuevo, ya no pueden volver a la finca, por causa de la presencia de los grupos armados en el campo, que les prohíben moverse entre la finca y la ciudad, porque no quieren correr el riesgo de que estas personas indígenas puedan llevar información al grupo opuesto. Muertes indiscriminadas: La no obediencia a las determinaciones de los grupos armados ha traído muertes indiscriminadas de personas. Igualmente, el desarraigo territorial, porque obligan a la gente a salir, con la pérdida de bienes, la ruptura de los lazos familiares y comunitarios, que conllevan la pérdida de la identidad, de la cultura, de la lengua y sobre todo, del territorio ancestral en donde se podía recrear la medicina tradicional y la alimentación sana. Consecuencias de las Fumigaciones: Las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca han causado que muchas familias queden totalmente desamparadas y sin ninguna posibilidad económica; puesto que la fumigación aérea de una hectárea de coca afecta 10 hectáreas a su alrededor y dentro de estos, a cultivos alimenticios. De esta manera, queda mucha gente sin sustento, porque se pierde la soberanía alimentaria, que hace que se generen desplazamientos, muchos de ellos también ocasionados por la inclusión de algunos jóvenes a los grupos armados, motivados por la falta de oportunidades laborales o educativas. Pérdida de la Cultura y Debilitación de la Medicina Tradicional: Sobre todo en el caso del pueblo Nasa del Putumayo, por la falta de presencia de The’walas o médicos tradicionales, la gente se ha salido de sus territorios y se ha producido un desequilibrio dentro del pueblo, y sobre todo en la juventud por su incredulidad en las autoridades espirituales con respecto a la práctica de la medicina tradicional. Además, en el sitio de

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llegada, la medicina tradicional ya no puede ser realizada de la misma manera como en los terrenos tradicionales, por falta de los ingredientes necesarios para llevar a cabo los rituales espirituales o por lo inadecuado del sitio de recepción, que no presenta las características necesarias y apropiadas. Una preocupación muy grande de los mismos médicos tradicionales es la continuación con los rituales tradicionales en las generaciones que siguen. Como los hijos en los sitios de recepción ya no crecen de la manera tradicional y la formación de ellos, según criterios indígenas es completamente inapropiada por el sistema impuesto, muchas veces los jóvenes ya no tienen el interés por la cultura tradicional; suficiente razón por la cual a las autoridades tradicionales les preocupa la pérdida y el traspaso de sus saberes. En los pueblos indígenas se suele decir que “si se muere un médico tradicional sin heredar sus conocimientos a la persona indicada, es como si se quemara una biblioteca llena de enciclopedias”. Pocas Oportunidades: Una señora indígena, residente del barrio José Homero Alto en Mocoa, resume este punto con las siguientes palabras: “El desplazamiento, nos duele en el alma, ya que no fue nuestra culpa que nos sacaran o desterraran de nuestras tierras, donde nunca nos faltó nada y se respiraba armonía, tranquilidad en los hogares y la alimentación era sana y abundante. Ahora en la ciudad enfrentamos más desequilibrios, porque la alimentación es escasa, diferente y produce desnutrición. Nos ha tocado adaptarnos a las pocas oportunidades que se nos ofrecen, tanto en educación, como en salud, en vivienda y en servicios sociales, con nuestra juventud desorientada.” 3.) CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 3.1.) La Inefectividad de la “Proyectitis” En los testimonios recogidos, se pudo notar la frecuente queja de que las instituciones nogubernamentales y gubernamentales que están encargadas del manejo de la situación de desplazamiento buscan en gran parte su bienestar personal o institucional, y que es muy poco lo que llega a las personas verdaderamente afectadas. La misma gente afectada ve más utilidad en programas alternativos, como proyectos productivos y/o de vivienda. Inclusive, se pone en cuestión la efectividad de cantidades de proyectos pequeños, que no cambian nada en la estructura del problema o en la manera en que se maneja la problemática. Lo que se necesita son más bien proyectos integrales, que tomen en cuenta todas las características de la problemática e involucran también a la gente afectada. 3.2.) Fortalecimiento de la Cultura Indígena Como muchas de las tradiciones culturales y de los rituales indígenas están en peligro de extinción se considera fundamental fortalecer los proyectos culturales de los pueblos indígenas, tomando en cuenta las preocupaciones y propuestas de los mismos indígenas en el marco de los planes de vida de cada pueblo, ya sea de manera oral o escrita, donde se refleje la verdadera existencia de la diversidad étnica, tal como lo reconoce la Constitución Política de Colombia.

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3.3.) Mejorar la Situación de las Personas Desplazadas especialmente en Mocoa La situación de las personas indígenas desplazadas en Mocoa es muy preocupante. Como se ha mencionado anteriormente, en los barrios respectivos, donde residen las personas desplazadas hace falta todo tipo de servicios públicos. Inclusive, se considera pertinente la construcción de una casa de refugio temporal o de paso, para familias indígenas desplazadas. Para el mejoramiento de la mala situación alimenticia se recomienda incorporar en los presupuestos para la atención a la población desplazada en Mocoa la compra de fincas para la reubicación y el acceso a oportunidades de producción alimenticia, más aun teniendo en cuenta que esto es lo que la gente del campo sabe hacer. 3.4.) Erradicación Manual (Sustitución del uso ilícito de la hoja de coca) Aparte del daño tan grave que causa la fumigación aérea en la salud de la gente, en el ambiente y la coexistencia de las comunidades, la planta de coca es sagrada desde tiempos milenarios para pueblos indígenas como el Nasa, que realizan el curanderismo a través del mambeo. Por tanto se recomienda retomar los procesos de erradicación manual y controlada de la planta de coca, para evitar el riesgo de más desplazamientos y del desarraigo cultural. 3.5.) Protección Especial a los Líderes Indígenas Establecer estrategias políticas y culturales con mecanismos adecuados y trámites necesarios, para la protección de la dirigencia indígena, teniendo en cuenta el no fraccionamiento del desarrollo cultural. Además estas estrategias deben permitir prestar protección inmediata a personas amenazadas, especialmente a los y las líderes, que han sido declarados inocentes en procesos judiciales, por ejemplo a través de la Defensoría del Pueblo y/o las Personerías. Además se recomienda el restablecimiento del honor de las personas afectadas a través de los medios adecuados.

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Informe Actual sobre la Situación de Violencia en las Comunidades Embera Chamí, Riosucio/Caldas

Este informe se basa en 19 testimonios tomados por la autora, en el mes de junio de 2006, tanto como en las siguientes entrevistas y, en materiales secundarios: -

Entrevista con el Alcalde actual de Riosucio, Darío Edgardo Tapasco.

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Entrevista con la Personera actual Marta Cecilia Delgado Morales.

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Entrevistas con los gobernadores actuales de los cuatro resguardos indígenas de Riosucio.

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Entrevistas con varios miembros de la organización local indígena, “Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC”.

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Informe de derechos humanos de CRIDEC “Actos violatorios de los Derechos Humanos en los territorios indígenas del pueblo Embera Chamí del departamento de Caldas”, (Riosucio/Caldas: Mayo 2006).

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Censos Oficiales de desplazamiento de la Personería de Riosucio/Caldas.

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“[…] el 16 de enero del 2004 […] estábamos todos volviendo del trabajo en las parcelas […] aparecieron tres camiones y helicópteros […] hubo un ametrallamiento aquí […] con helicópteros del ejército […] los helicópteros llegaron y ametrallaron todo aquí […] esto parecía una película […] bombardearon todas nuestras parcelas […] y no sabemos por qué […] no sabemos por qué […] uno se pregunta “Por qué?”, “De dónde vienen?” […] nosotros no sabemos por qué […] “qué hemos hecho nosotros para que nos hagan esto?” […] según ellos estaban erradicando actores armados, pero esto es mentira, está bien si lo hubieran hecho en un solo punto, pero no; erradicaron toda esta parte, ahí donde únicamente… todo esto son parcelas de los indígenas […]“ (una persona indígena afectada por el bombardeo en la comunidad de Iberia/Caldas )

1.) PANORAMA GENERAL “¡Hola Juanito, ven acá, tomémonos un cafecito!”, grita el señor del bar, dirigiéndose hacia un muchacho joven que pasa por la calle. Unos viejitos sentados en el parque principal están charlando, chismoseando y disfrutando el calorcito agradable que brinda el sol caldense; los niños y niñas, jugando y retozando en la calle, sacando una sonrisa de las señoras que les observan desde los bancos alrededor. El día 7 de Junio del 2006 se habla de una “tranquilidad tensa” en el municipio de Riosucio, que incluye cuatro resguardos indígenas: La Montaña, Cañamomo – Lomaprieta, San Lorenzo y Escopetera Pirza. En los resguardos viven 45.000 miembros indígenas, pertenecientes a la etnia “Embera Chamí”. Una mayor parte de ellos está asentada en el municipio de Riosucio y una menor parte en el municipio de Supía, en el departamento Caldas. En total, se habla de un número de “102” comunidades representadas por sus cabildos con el 80% de su territorio legalmente reconocido a través de la figura de resguardos. Desde que el primer alcalde indígena de Riosucio, Darío Edgardo Tapasco tomó posición en el 2003, las cosas han parecido bastante tranquilas. Una tranquilidad que no existía en la región durante mucho tiempo; una tranquilidad sospechosa, que da miedo a la gente – por razones muy legítimas como se va a presentar en este informe. La candidatura de Darío Edgardo Tapasco, para la posición del alcalde de Riosucio en las elecciones del 2003, no fue planeada desde el principio, sino que surgió por causa del asesinato del candidato inicial, Gabriel Ángel Cartagena, por el Movimiento Indígena. Darío Tapasco, entonces gobernador del resguardo de San Lorenzo, decidió seguir la lucha en lugar de él. Una lucha que no ha sido fácil y mucho menos inofensiva. La “bienvenida” por parte de la Fuerza Pública fue el bombardeo de la comunidad de Iberia en el resguardo de Cañamomo Lomaprieta por medio de helicópteros de la Fuerza Pública, con la justificación de atacar grupos subversivos en el área, cuando toda el área atacada no era nada más que parcelas de humildes trabajadores indígenas. Habitantes del pueblo describen el evento como una escena patética “de una película”. Los mismos gobernadores de los cuatro resguardos del municipio han recibido amenazas por parte de

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los actores armados y no salen de la casa sin escoltas y sin tomar medidas cautelares. El Alcalde en sí no ha recibido amenazas desde que está en funciones, pero sabe de fuentes confiables que se han planeado atentados y que por pura suerte, no se han materializado. La situación en las comunidades indígenas, en los pueblos lejanos, muchas veces a trasmano de caminos de transporte, es aparentemente tranquila. Los actores armados no atacan directamente los pueblos, pero los mismos indígenas muchas veces observan su presencia en los alrededores de los pueblos y hablan de “muertos gota a gota”, y de desplazamientos esporádicos. La situación en el momento parece un barril de dinamita, que puede explotar en cualquier momento y no se sabe cuándo se va a presentar un momento crítico. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero una cosa es bastante cierta, si no se toman precauciones, es muy probable que surja en las próximas elecciones de alcaldía, en el año 2007. 2.) PROBLEMAS ESPECÍFICOS 2.1.) Violación de los Derechos Fundamentales El municipio de Riosucio se caracteriza por ser un corredor para los grupos ilegales armados, entre los departamento de Antioquia, Risaralda y Chocó. Los resguardos indígenas son afectados por igual por esta situación, haciendo que sus habitantes se encuentren en medio de los grupos armados legales e ilegales que les acusen de colaborar con los grupos opuestos; una situación que resulta en asesinatos, encarcelaciones injustas, desplazamiento, y otros actos violentos. Según los archivos del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) se registran más de 45 personas indígenas asesinadas por grupos armados desde el año 2003, y más de 10 personas amenazadas, heridas o que han desaparecido, tomando en cuenta que se han presentado otros hechos de violaciones a los derechos humanos que no se han reportado a la Organización. En el municipio se presenta el fenómeno de “subregistro” por falta de denuncias de los actos violentos en contra de la población civil; esto se debe a las mismas amenazas de los grupos armados y a la falta de credibilidad o legitimidad que hay en las instituciones judiciales o de policía que atiendan las denuncias. Según datos de la Personería, en los años 2004 y 2005 se registraron 260 personas desplazadas en el municipio de Riosucio, sin contar las personas que han sido desplazadas y que no se han registrado por temor frente a los actores armados o por desconocimiento de los programas gubernamentales en cuanto a la atención a la población desplazada. Inclusive, se nota una tendencia al desplazamiento dentro del mismo resguardo de una comunidad a otra (desplazamiento intraurbano o intrarural). En estos casos las entidades que más ayuda brindan son los mismos gobiernos indígenas. En los testimonios que se han recabado, se puede notar una frecuencia de acusaciones por parte de la Fuerza Pública, denunciando a personas indígenas como guerrilleros sin tener pruebas legítimas. Estas acusaciones más de una vez, causaron encarcelaciones de

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personas inocentes, incluyendo a mujeres embarazadas. Hechos como estos, obviamente, resultaron en una gran desconfianza en la Fuerza Pública. Desde hace más de un mes en el municipio de Riosucio, se vienen presentando una serie de asesinatos en las calles principales de la población, despertando el temor y aumentado la zozobra reinante en la región. El miércoles 5 de julio fue asesinado el intendente de policía de Riosucio, Sargento José Libardo Villada Monsalve, indígena y reconocido en la comunidad como un mediador entre la Policía Nacional y los indígenas Embera Chamí. Otras dos muertes violentas a causa de actores desconocidos han aumentado la tensión en una época donde las campañas electorales se aproximan. 2.2.) Violación a la Autonomía Territorial En el territorio se nota la presencia continua de empresas particulares y multinacionales con el objetivo de explotar el terreno y los recursos naturales incluyendo en especial el oro y la madera, violando la normatividad especial para pueblos indígenas, entre ellos el Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991, que incluye la consulta y la concertación previa para el desarrollo de proyectos en los territorios de los pueblos indígenas. Además, se nota la tendencia de autoridades oficiales de negar la identidad indígena de ciertos pueblos, registrándolos como campesinos para deshacerse de la obligación de la consulta previa en pueblos indígenas. 2.3.) Violación al Fortalecimiento del Proyecto Político Las comunidades indígenas desde la década de los 80, han promovido el fortalecimiento de un proyecto político que permita llegar con candidatos propios a las diferentes corporaciones y espacios de representación pública a nivel local, regional y nacional. Este proceso ha sido interrumpido ya que los candidatos postulados para asumir la Alcaldía del municipio de Riosucio, Caldas, por el Movimiento Indígena en los años 1982, 2002 y 2003 fueron asesinados. Entre el año 1982 y 1992 fueron asesinados aproximadamente 200 indígenas entre líderes y personas con visión de liderazgo. Actualmente, en este contexto, se encuentran muy preocupantes los siguientes hechos: -

Las continuas persecuciones a los líderes indígenas y las entidades que trabajan en temas indígenas. Los gobernadores de los cuatro resguardos indígenas de Riosucio, por su propia seguridad personal, se han visto obligados a tomar medidas precautelares a través del Ministerio del Interior, atendiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les puso a su disposición dos escoltas y un carro blindado. En la actualidad son solamente tres lideres que cuentan con esta protección, aunque las medidas cautelares dictadas fueron proferidas a seis personas más. Además de esto, muchos de los líderes y personas activas en las comunidades, se vieron forzados a tomar sus propias precauciones, como por ejemplo: no salir con la misma ropa dos días seguidos, no tomar el mismo camino muchas veces de seguido, llegar a la casa temprano en la noche, etc.

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Señalamientos y acusaciones a través de volantes o pasquines dirigidos a las autoridades indígenas y a comunidades de los resguardos.

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La negativa al desarme del grupo paramilitar “Cacique Pipintá“. Testigos denuncian la continua presencia del grupo mencionado en el área de Riosucio. El organizador político de las AUC “Ernesto Báez” mencionó que: “Estos indios manejan muy bien las denuncias”20. Esto significa que los actores ilegales están muy conscientes de las posibilidades de defensa jurídica de los indígenas, y que muy posiblemente se van a buscar caminos diferentes para ejecutar sus actos ilegales, que toman en cuenta las actividades y posibilidades de los mismos indígenas.

Como mecanismo para contrarrestar las situaciones mencionadas, la Organización indígena ha adoptado ciertas estrategias como la Denuncia Pública y las Alertas Tempranas, para enterar a las instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional de lo que está pasando en las comunidades y para que se adopten medidas para debilitar los daños que están sufriendo. Un mecanismo muy importante en este contexto es el COMITÉ INTER. El Comité Inter es una entidad interinstitucional que esta conformada por las siguientes instituciones: La Alcaldía, la Fiscalía, la Personería, los Gobiernos Indígenas, la Fuerza Pública, CRIDEC, la Iglesia, y ACNUR. Este comité se reúne continuamente a discutir abiertamente problemas e incidentes en el territorio y actúa inmediatamente. Según la personería, este comité ha sido un gran éxito y gracias a la gestión del Inter eventualmente se ha podido prevenir ciertos actos violentos y evitar grandes desplazamientos en los últimos dos años, ya que el Sistema de Alertas Tempranas no ha sido muy eficaz en Riosucio. Los gobiernos indígenas o/y el CRIDEC anuncian incidentes en los territorios indígenas inmediatamente al Comité Inter donde se discute el problema y donde se actúa inmediatamente. 3.) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓNES Los hechos presentados en este informe, han llevado a que las organizaciones indígenas sufran las consecuencias de asesinatos selectivos, criminalización, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, hechos que desestabilizan el proceso organizativo y político en el interior del territorio indígena, generando el desarraigo territorial, el debilitamiento de la identidad y el sentido de pertenencia, ya que el pueblo Embera Chamí ha sufrido la pérdida de muchas de sus tradiciones, encontrándose en un proceso de recuperación y fortalecimiento. En Riosucio se habla de una “Tranquilidad Tensa” porque la región en este momento no es escenario de violencia obvia, causando bandadas de desplazamiento o grandes masacres. Pero, mirando mas allá de lo obvio, se observa una violencia tremenda contra el proyecto político, dirigida sobre todo hacia los líderes y organizaciones indígenas. Los gobernadores indígenas no pueden salir a la calle sin escolta, el mismo alcalde indígena está expuesto a atentados contra su propia vida, etc. Es una violencia política que muy 20

Entrevista personal con el alcalde de Riosucio, Darío Edgardo Tapasco, Junio 7 de 2006, Alcaldía de Riosucio.

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probablemente se va a consolidar y fortalecer por causa de las elecciones a la Alcaldía del próximo año. Se observa que ciertos actores públicos, legales e ilegales, aparentemente temen el fortalecimiento del movimiento indígena, que se inició con el primer alcalde indígena en la región. Pero las entidades y actores indígenas siguen siendo muy activos y no se dejan intimidar fácilmente por estos hechos; cosa que resultó en muertes de candidatos de alcaldía como por ejemplo las de María Fabiola Largo (2002) y Gabriel Ángel Cartagena (2003). Frente de todos estos hechos se recomienda: (1) Primero una atención, observación y un acompañamiento especial en las elecciones de alcaldía del 2007. (2) Segundo, se recomienda un seguimiento especial al “desarme” de las autodefensas en la región, las cuales, según los testimonios recibidos, no se han desmovilizado como previsto por el gobierno nacional. (3) Tercero, para evitar una pérdida profunda de la cultura del pueblo “Embera Chamí” causada entre otros, por la violencia, el desplazamiento y el conflicto social y armado en general, se recomienda un fortalecimiento de la misma cultura que les permita oponerse de manera unida y pacífica a los grupos armados para que respeten el territorio indígena como un territorio de paz. (4) Cuarto, hacer un seguimiento a las estadísticas en materia de desplazamiento, no sólo por el Estado, sino también, por entidades como el CRIDEC, el ACNUR y otras organizaciones de carácter internacional, dado que la falta de coincidencia de esas estadísticas deteriora las políticas, estrategias de atención y asistencia de las poblaciones en situación de desplazamiento.

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Observaciones Finales En el transcurso de este trabajo me he dado cuenta de las diferencias en la problemática indígena entre las distintas regiones y pueblos que he visitado; pero más que las diferencias, me han llamado la atención los problemas que suelen aparecer como un común denominador de las distintas regiones y etnias. Quisiera sumar estas observaciones de manera breve y corta en los próximos párrafos: 1.) Pueblos Indígenas en medio de los grupos armados Los resguardos indígenas en general son territorios llenos de riquezas naturales, muchas veces relativamente lejos de cascos urbanos – dos razones por las cuales los actores ilegales y legales, armados y no armados demuestran intereses en estos territorios; un hecho que causa todo tipo de conflictos, los cuales generalmente se resuelven de forma violenta en los mismos territorios, dejando a los indígenas en medio de los grupos armados, en medio de una guerra que NO es de ellos, acusándolos de colaborar con uno o más de los grupos opuestos. Esta situación resulta en graves violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas, como asesinatos, muertes, encarcelaciones injustas, desplazamientos y otros actos violentos. 2.) Pérdida de raíces culturales El conflicto, con todas las consecuencias que conlleva, como por ejemplo el desplazamiento, la destrucción de sitios sagrados o el confinamiento de personas indígenas y a veces de pueblos enteros, causa un desequilibrio cultural muy grave, transformando y debilitando costumbres y sabidurías ancestrales de manera muy negativa. Por ejemplo, a causa del desplazamiento, las nuevas generaciones indígenas crecen en un ambiente muy diferente de lo tradicional, muchas veces despreciando tradiciones ancestrales; una cosa que también surge de la imposibilidad de ejecutar rituales tradicionales en lugares afuera de los sitios originales, por falta de los ingredientes necesarios para realizar los rituales – es decir, por falta del ambiente natural o por falta de las plantas tradicionales que son imprescindibles para los rituales, pero generalmente imposibles de conseguir en los sitios de recepción. Con respecto a la cultura además noté, que los pueblos que tienen una fuerza cultural más profunda, que son unidos entre ellos y que han mantenido sus tradiciones, costumbres y rituales ancestrales, han podido controlar el conflicto armado en sus territorios de manera más efectiva y han logrado hacerse respetar frente los actores armados; un aspecto que no pude encontrar en los pueblos que han perdido gran parte de sus tradiciones y que no son unidos entre ellos – una causa (entre muchas más) por la cual el fortalecimiento cultural en los pueblos indígenas es muy importante. 3.) El desplazamiento Una de las consecuencias directas del conflicto, tanto en los pueblos indígenas como también en territorios no-indígenas, es el desplazamiento forzado e involuntario que se presenta en forma más o menos masiva en los sitios afectados por la violencia. Un aspecto bastante particular en los pueblos indígenas es el nivel de gravedad necesario

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para que la gente se desplace de sus territorios. Los pueblos indígenas en Colombia tienen una relación espiritual muy fuerte con la “madre tierra”, razón por la cual ellos no salen de sus territorios, mientras la situación no sea verdaderamente seria; inclusive, muchos de ellos prefieren morir en “su tierra” que desplazarse a un sitio que es totalmente ajeno a su entorno y su forma de vivir y que no les permite ejecutar sus rituales tradicionales. En cuanto el manejo del desplazamiento por las entidades gubernamentales y nogubernamentales cabe anotar que no toman en cuenta las características culturales de los pueblos indígenas – un aspecto que resulta en asistencia inapropiada como por ejemplo ayuda humanitaria que incluye alimentos ajenos e inadecuados para los indígenas. 3.) “Subregistro” Este fenómeno surge tanto por falta de denuncias de los actos violentos que se presentan en contra de la población civil como también por falta del registro de los desplazamientos forzados. Este hecho se debe a las mismas amenazas por los grupos armados y a la falta de credibilidad o legitimidad que hay en las instituciones judiciales o políticas que reciben las denuncias. Inclusive, muchos indígenas desplazados no saben ni siquiera que existe un programa especial de parte del gobierno, para la atención al desplazado. La falta de coincidencia en estadísticas hace mucho más difícil el desarrollo de políticas y estrategias para la atención a la población afectada, que sean también útiles y eficientes. 4.) Estructuras paramilitares que no se han desmovilizado Según los testimonios tomados, los grupos paramilitares, que supuestamente se debían haber desmovilizado en el marco de la negociación del gobierno con grupos paramilitares, no lo han hecho en gran parte de los territorios indígenas. Estos grupos siguen intimidando, aterrorizando y asesinando a los miembros de los pueblos indígenas – muchas veces en cooperación con la misma Fuerza Pública. Por esto se ve apropiado hacer un seguimiento a la supuesta “desmovilización” paramilitar por parte del gobierno colombiano. 5.) Persecución a los líderes indígenas El trabajo de campo ha evidenciado una persecución en especial a dirigentes de organizaciones y líderes indígenas por parte de actores armados ilegales y legales; a veces juzgándoles como miembros de grupos guerrilleros y otras veces sin dar ninguna justificación legitima. Estos actos apuntan a una violencia muy fuerte contra el proyecto político propio de los pueblos indígenas. Es muy cierto que en los últimos años las organizaciones indígenas han logrado significativos avances legislativos a través del reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política del año 1991. Pero también es muy cierto que la mayoría de estas leyes nunca ha sido implementadas y ejecutadas, ya sea por causa del mismo conflicto armado o simplemente por falta de voluntad. Otra cosa que es muy cierta y que se resume muy bien en un comentario muy sabio de una autoridad indígena del pueblo de los Embera Chamí: “…no es por cumplir con las leyes escritas,…es por cumplir con la ley propia de la conciencia y de la naturaleza …” – en otras palabras, la protección de la 50

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cultura indígena y sus correspondientes territorios no debe ser solamente una prioridad legislativa que dicta normas, sino debe ser una prioridad en la mente de la gente, respetando los derechos humanos y sabiendo que cuando se acaban estas riquezas culturales se perderán sabidurías ancestrales y fuentes de profundos conocimientos, que se han mantenido durante siglos, pero que corren peligro de ser extintos principalmente por causa de este conflicto en Colombia. Quisiera dejar muy claro, que el discurso principal de los mismos indígenas no es vivir en aislamiento total - una vida como hace cientos de años – cosa que además ya no es posible, porque las vidas nuestras (de los “hermanos menores”, como ellos llaman a los no indígenas) con las de los mismos indígenas, ya están demasiado cruzadas. Este es un hecho que aunque uno quisiera negarlo, no lo va a lograr. Más bien, propongo aceptar la realidad como es – aceptar que las formas de vida y las culturas se encuentran en un constante cambio – cosa que NO debe significar la pérdida de las raíces culturales, que siempre se mantienen, aunque se incorporen nuevos elementos a una cultura o se pierdan otros. Este concepto permite a las culturas desarrollarse y transformarse, sin que pierdan su esencia, su fondo profundo. El gran problema que se presenta por el conflicto armado interno en Colombia es que, exactamente, estas raíces indígenas están en peligro de extinción – están en peligro de perderse por causa de una guerra que ni siquiera es de ellos. Es por la dignidad y el respeto a los pueblos indígenas como a cualquier ser humano y por el respeto frente los derechos humanos, que los que tienen el poder de hacer una diferencia también lo utilicen de manera constructiva y positiva para que justamente esta pérdida cultural no se vuelva realidad.

Sabine Kienzl Colombia, Julio 2006

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